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Reportaje – El reto, que Belém do Pará se traduzca en acciones

Por Anaiz Zamora Márquez
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La Convención Interamericana para Erradicar la Violencia contra la Mujer generó leyes, pero no incidió en políticas públicas a favor de la población femenina.
 
La políticas de prevención y atención de la violencia carecen de mirada de género, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), afirman expertas.
 
De acuerdo con Circe López, directora de la organización civil Humanas sin Violencia, asentada en Michoacán, el tratado continental es histórico y uno de los pocos instrumentos exigible que marca pautas claras para prevenir, atender y castigar las agresiones contra las mujeres.
 
Sin embargo, advierte que Belém do Pará no se toma en cuenta a la hora de implementar estrategias de seguridad. Por ejemplo, explica que no fue considerada en Michoacán, entidad marcada por un alto flujo migratorio y una presencia importante del narcotráfico que deriva en graves violaciones a los Derechos Humanos (DH).

López dice que el hecho de que en la entidad la estrategia de seguridad no contemple los derechos femeninos es una forma de violentar a las mujeres, pues según los postulados de Belém do Para la violencia también ocurre por omisión, “lo que implica no prevenir que las michoacanas estén en medio del fuego cruzado”.
 
La consecuencia, añade, es que el conflicto entre narcotráfico, gobierno y autodefensas ha dejado más de 300 mujeres desplazadas por la violencia.
 
“Lo que representa –apunta– una creciente ola de nuevas jefas de familia, además de jornaleras agrícolas que ya venían desplazadas en su mayoría de la sierra de Guerrero, y ahora forman un cinturón de pobreza extrema”.

Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, coincide en lo anterior al resaltar que ahora las mujeres están vulnerables ante formas más brutales de violencia.

Para Cruz Sánchez, dos décadas de Belém do Pará sólo sirvieron para que el Estado pusiera en la ley el derecho a una vida libre de violencia. El máximo logro –advierte– es la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007.
 
LEYES QUE NO SE APLICAN

La activista considera que el gobierno mexicano pensó que la estrategia era armonizar legislativamente, “pero ya en la práctica ni siquiera aplica la ley y no hemos logrado que entienda que no se trata de realizar acciones aisladas o sexenales, sino que es una política pública de Estado”.

El más claro ejemplo del incumplimiento de la Convención –indica Cruz– es la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues pese a las reiteradas solicitudes para que se declare este mecanismo de emergencia, lleva siete años sin ser activada.

A decir de la defensora, al no prevenir las muertes de mujeres mediante la AVG, México incumple gravemente su compromiso con Belém do Pará.

La activista asegura que el Estado signó esa y otras convenciones sin tener la voluntad política para ejecutarlas, ya que “le apostó a que éramos una ciudadanía que no iba a exigir nada y que las mujeres somos seres inferiores, pues piensan que si no invierten en educarnos en derechos, no los conoceremos y por tanto no los exigiremos. Pero las feministas y defensoras hemos demostrado que no es así”.

La abogada Andrea Medina Rosas –quien litigó el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, el cual derivó en una condena a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)–, recuerda que durante el desahogo de ese juicio México demostró que tiene “una forma muy sofisticada de incumplimiento de sus obligaciones y una política bastante efectiva de simulación, porque no es que mienta completamente, el hecho es que hace o crea cosas, pero no las usa para transformar la realidad”.
 
“Por ejemplo, –relata– como argumento para decir que estaba haciendo algo presumió sus constantes capacitaciones a funcionarios y ministerios públicos, pero cuando ellos fueron consultados sólo supieron prácticamente recitar las convenciones, pero no supieron decir en que se traducían y como las aplicaban”.
 
Medina Rosas destaca que la sentencia de Campo Algodonero –por el asesinato de mujeres en la urbe fronteriza– es un parteaguas para Belém do Pará, ya que fue la primera vez que la CoIDH la retomó para emitir un fallo y definió que su cumplimiento es obligatorio para las naciones.
 
“Eso ocurrió porque México se atrevió a decir que sí la había ratificado, pero que no lo obligaba”, narra la abogada.
 
En ese contexto –abunda la defensora– es que la Convención debería ser retomada, no sólo para crear las políticas públicas necesarias, sino en los casos de acceso a la justicia para las mujeres.
 
PERSONAL DESCONOCE CONVENCIÓN
 
Encuestas e investigaciones realizadas por instancias como la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM han detectado que tanto impartidores de justicia como personal de las comisiones de Derechos Humanos, desconocen la Convención de Belém do Pará.
 
Andrea Medina aclara que una Convención o una ley “no transforman mágicamente la realidad, pues son acuerdos políticos que se consolidan formalmente para establecer nuevas formas de relaciones sociales”

En tanto la ley “no transforma mágicamente la realidad, los Estados tienen que hacer las acciones que permitan que la sociedad entienda esas nuevas concepciones y las integre de tal forma que se traduzcan en nuevas actitudes cotidianas; en eso es en lo que ha fallado el gobierno y en esa exigencia de cumplimiento ahora más que nunca debemos ser más puntuales”, subraya la abogada feminista.
 
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