Reportaje – Resistencia oficial a garantizar derechos femeninos

Al iniciar la revisión en la ONU de los pendientes de la Plataforma de Acción de Beijing, activistas advirtieron falta de compromisos contundentes por parte de los gobiernos.  
 
Como hace 20 años –cuando se realizó la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China–, los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se niegan a tomar resoluciones contundentes, para garantizar a todas las mujeres del mundo el acceso a sus Derechos Humanos (DH).
 
Así lo denunciaron feministas y representantes de organizaciones civiles de todo el orbe, quienes esta semana en la sede de la ONU en Nueva York enumeraron las condiciones de precariedad, discriminación, violencia y segregación que aún padecen mujeres y niñas pese a los logros alcanzados desde 1995, cuando los gobiernos firmaron la Declaratoria y la Plataforma de Acción de Beijing.  
 
El lunes 9 de marzo arrancó la 59 sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), a fin de examinar los progresos y retos pendientes en los compromisos asumidos en Beijing a favor de la población femenina.
 
Esta reunión, conocida como “Beijing+20” y que concluye el próximo 20 de marzo, inició con la lectura por parte del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de la “Declaración política con ocasión del vigésimo aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer”.
 
La declaratoria –como lo advirtieron activistas que dieron seguimiento a los preparativos de “Beijing+20”– fue aprobada por los gobernantes en reuniones extraordinarias y sin que se permitiera la participación de la sociedad civil en su elaboración.
 
Tras la lectura del documento oficial, Lydia Alpizar Durán, directora ejecutiva de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés), criticó la “tibieza” del pronunciamiento.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Alpizar Durán dijo que a 20 años de Beijing “los gobiernos nos están diciendo que no están listos para hacer el compromiso que se requiere”.
 
En el documento –consultado por esta agencia–, los países “expresan preocupación por el hecho de que el progreso haya sido lento y desigual, siga habiendo deficiencias importantes y que persistan los obstáculos, entre otros, las barreras estructurales en la aplicación de las 12 esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción (de Beijing)”.
 
Al mismo tiempo las naciones reconocen que ninguna logró plenamente la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, además de que han surgido “nuevos problemas”, sin especificar cuáles.   
 
Ante lo cual los Estados se comprometieron a “adoptar nuevas medidas concretas para asegurar la aplicación plena, efectiva y acelerada de la Declaratoria y la Plataforma”.
 
Tales medidas concretas se traducen en el fortalecimiento de la aplicación de leyes, políticas, estrategias y actividades de programas para todas las mujeres y las niñas; el apoyo reforzado y aumentado a mecanismos institucionales para la igualdad entre los géneros, y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, entre otras acciones.
 
Lejos de la declaratoria política quedó el reconocimiento pleno de los Derechos Humanos de las mujeres –incluidos los derechos sexuales y reproductivos–, la afirmación de que las naciones reconocen como temas prioritarios por resolver la feminización de la migración, la violencia obstétrica, el feminicidio, la criminalización de las defensoras y periodistas, y la trata de personas con fines de explotación sexual.
 
Es de mencionar que esos y otros temas de alta preocupación para la sociedad civil fueron abordados en foros alternos a las discusiones oficiales de los Estados.
 
SITUACIÓN EN MÉXICO
 
La participación y representación del Estado mexicano ante “Beijing+20” –encabezada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)– también fue cuestionada por las activistas.
 
Previo al inicio de la reunión en Nueva York, representantes de 100 grupos civiles de 17 estados se reunieron en la antigua sede del Senado para presentar el “Informe Nacional Alterno Beijing+20”, que da cuenta de la agenda pendiente para las mexicanas.
 
Durante un año el movimiento feminista trabajó en la realización del balance, y concluyó que a 20 años de que México se comprometió a alcanzar la igualdad de género, no sólo no se han resuelto los problemas que enfrentaban las mujeres en los años 90, sino que muchos de ellos se han agudizado y han surgido algunos más que no han sido debidamente atendidos.
 
Por ejemplo, la muerte materna es aún un grave problema de salud pública y de Derechos Humanos, ya que en dos décadas la Razón de Muerte Materna apenas se redujo en siete decesos de mujeres, ya que mientras en 1990 se registraron 50 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, para 2014 hubo 43 muertes de mujeres, además de que ellas siguen sin acceder a servicios médicos de calidad.
 
De acuerdo con organizaciones civiles como Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, se ha incrementado la violencia contra las mujeres, la tasa de embarazos en adolescentes, el número de mujeres en pobreza, el cáncer de mama y el cérvico uterino, y la criminalización de las mujeres por abortar.
 
Ya en Nueva York, las activistas mexicanas han tenido una intensa participación y han conminado al Inmujeres a convocar de manera transparente y amplia a los grupos civiles, “para establecer un camino y una ruta con responsabilidades, y bajar a los tres niveles de gobierno la agenda de Beijing”.
 
Lo anterior al advertir que para el informe oficial presentado por México ante la ONU fueron excluidas las voces del movimiento feminista.
 
Y es que Lorena Cruz Sánchez, titular del Inmujeres, presumió que México ha tenido tres “logros importantes”: el establecimiento de la perspectiva de género como estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; la instalación de las Unidades de Género en la mayoría de las dependencias federales, y la aprobación de la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales.
 
Con todo, se espera que el próximo 20 de marzo los Estados asuman un compromiso real con las mujeres.
 
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