Alrededor de las 15:20 horas del día de hoy, Diego Romero Velasco, abogado de la empresa gasera Grupo Zeta, intentó ingresar a las instalaciones de la revista Contralínea en compañía de funcionarios públicos de Guadalajara y el Distrito Federal con una presunta orden de cateo, informaron en un comunicado las organizaciones Article19 y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
El objetivo, de acuerdo con información proporcionada por Alba Martínez (periodista de la revista) en entrevista para Cencos y Article19, era ingresar a escritorios y archiveros de las y los trabajadores y reporteros, sin presentar una identificarse plena y legalmente.
Los hechos de hoy están relacionados con una demanda por daño moral que Grupo Zeta hizo en contra de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza y contra el director de Contralínea Miguel Badillo Cruz.
Las investigaciones de la reportera involucran a funcionarios públicos con el tráfico de influencias y el abuso de autoridad prevaleciente en los procesos de contratación de Petróleos Mexicanos. La información involucra, entre otros, a quien fuera Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
A partir de sus investigaciones, Badillo Cruz y Pérez Mendoza han sido objeto de actos de acoso, persecución, represión y amenazas de muerte por parte de personas implicadas en tales investigaciones, informó hace unos días el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro a Naciones Unidas.
Los periodistas han denunciado que las acciones emprendidas en su contra están relacionadas con la publicación de una serie de reportajes donde documentan los beneficios de que ha gozado la empresa Zeta Gas durante la actual administración, así como la existencia de investigaciones abiertas contra ese consorcio por hechos relacionados con la delincuencia organizada, dijo Cencos.
La acción de hoy fue apoyada por el actuario, Juan Manuel Aguilar Maya, así como dos actuarios más del Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco, 25 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (capital del país) y por cuatro guardaespaldas civiles.
Durante 40 minutos reporteras, reporteros, trabajadoras y trabajadores de la revista fueron sometidos a agresiones físicas y verbales por parte de quienes pretendían ingresar a susinstalaciones.
Es importante señalar, dicen Cencos y Article19, que ésta es la segunda ocasión en este año en la que autoridades judiciales han intentado acceder a las instalaciones de la revista Contralínea como parte de los numerosos procesos judiciales promovidos por Grupo Zeta. Estas acciones forman parte del acoso judicial del que han sido víctimas las y los colaboradores de este proyecto editorial.
09/GG
