Tras ser liberadas del Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Tepic, Nayarit, este sábado 29 de noviembre, las tres jóvenes detenidas arbitrariamente durante la marcha del pasado 20 de noviembre en esta capital, en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, denunciaron haber sido víctimas de violencia y tortura.
En conferencia de prensa ayer, Liliana Garduño Ortega, Tania Ivonne Damián Rojas y Hilary Analí González Olguín declararon que la forma violenta y arbitraria en la que fueron detenidas les hizo pensar que serían “desaparecidas” y que no regresarían con vida.
El sábado, el Juzgado 17 de Distrito, en Xalapa, Veracruz, declaró por falta de pruebas el auto de formal libertad para las 11 personas detenidas el 20 de noviembre (entre ellas las tres mujeres recluidas en el penal femenil de Tepic), acusadas de intento de homicidio, asociación delictuosa y motín.
Las tres jóvenes coincidieron en que asistieron a la marcha para protestar de forma pacífica y documentar el movimiento social; que durante su detención hubo exceso de violencia; y que en el traslado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, no se les informó de lo que estaba pasando.
También acusaron que en la SEIDO no se respetaron sus derechos; no se les dio la atención médica que necesitaban; se les atemorizó y humilló; y que en el penal de Tepic fueron torturadas psicológicamente.
Liliana Garduño, estudiante de 30 años de edad en una prepa abierta, confirmó que participó en la marcha para tomar fotografías de las protestas sociales en México. En medio de las agresiones que ya se habían desatado en el Zócalo al filo de las 9 de la noche, Liliana cayó al piso, el gas de extintor que lanzaron los policías le impidió ver con claridad, y agentes capitalinos la golpearon.
La joven narró que a un costado de Palacio Nacional elementos de la Policía Federal trataron de arrancarle la ropa y le rompieron el sostén. Ya en la SEIDO, la joven fue cuestionada sobre sus dos hijos menores de edad y luego intimidada al respecto.
Por la forma en la que fue golpeada, Liliana pensó “que no iba a ver un día más, que probablemente igual me iban a desaparecer (…); nos trataron como si fuéramos las peores delincuentes”, aseguró.
Tania, joven estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que debido a que fue detenida sin orden de aprehensión y de forma arbitraria, se negó a declarar, por lo que fue aislada del resto del grupo, fue fotografiada (con celulares y cámaras profesionales) contra su voluntad, y luego fue inmovilizada e intimidada.
Las autoridades federales condicionaron su derecho a hacer una llamada telefónica (y el del resto del grupo) hasta que ella declarara.
Un policía federal incluso le dijo: “Coopera, si no es por las buenas será por las malas”. Finalmente Tania declaró por temor a ser golpeada y luego firmó una declaración que no se le permitió leer.
La joven, quien aún presenta un ojo morado, tardó 25 horas para comunicarse con su familia y luego fue llevada (sin aviso a sus abogados particulares) al penal de Tepic.
“Cuando íbamos en la camioneta (en la que las tres jóvenes fueron trasladadas de la SEIDO al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser llevadas a Tepic) sentí un gran temor; pensé que nos iban a matar y que llevarían nuestros cuerpos a otro estado; pensé que ya no íbamos a aparecer”.
Hilary, quien participó en la marcha porque su tesis es sobre movimientos sociales, también fue humillada en la SEIDO por su apariencia física, su forma de vestir (color negro), y por llorar junto a su madre cuando ésta fue a visitarla 24 horas después de su detención.
“Me pidieron que entregara mi celular, lo abrieron y lo revisaron sin ninguna orden de ningún juez”, advirtió. Luego le hicieron preguntas personales, sobre sus opiniones y forma de pensar respecto de distintos temas.
Hilary denunció que durante su traslado y su estancia en la SEIDO no fue informada debidamente sobre sus derechos, que todas y todos los detenidos tenían muchas dudas y sentían temor.
“Ése era el miedo constante, de no saber dónde serás trasladado y qué va a pasar con tu vida. Nos trataron como delincuentes y narcotraficantes, cuando lo que estábamos haciendo es un derecho constitucional”, detalló.
Por el miedo y la falta de información por parte de las autoridades federales, Hilary reveló que cuando las trasladaron al AICM pensó que sería “desaparecida”.
El grupo de abogados que defendió a las 11 personas detenidas, entre ellos la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Equifonía, señalaron que ya pudieron documentar las arbitrariedades, por lo que luego de una charla que tendrán con las y los jóvenes decidirán en breve cómo se procederá para realizar las denuncias pertinentes.
El defensor Alberto Muñoz dijo que “no podemos permitir que la Procuraduría General de la República salga con que ‘nos equivocamos’, ya que (la detención de las 11 personas) no fue un error sino que fue intencional; es una estrategia de intimidación contra quienes decidieron marchar el 20 de noviembre, para inhibir la protesta”.
El abogado Alejandro Jiménez apuntó que la organización de la sociedad civil fue crucial para la liberación de las y los jóvenes porque aportaron fotos, testimonios y videos que probaron su inocencia, así como la participación del defensor de oficio del Juzgado 17 de Distrito, Onésimo Julián Hernández Espinoza, quien contribuyó favorablemente al desahogo de pruebas.
En contraste, criticó, la defensoría pública de la SEIDO obstaculizó que los defensores particulares actuaran a tiempo, ya que no informaron sobre el traslado de las jóvenes a los penales de máxima seguridad, ni permitieron acceder al expediente.
El abogado informó que cuando las tres jóvenes salieron del penal, policías grabaron con videocámaras los rostros de las personas detenidas, de los abogados y de los familiares que fueron por ellas.
Pese a la violencia e intimidación a la que fueron sometidas, las jóvenes adelantaron que hoy marcharán en la Ciudad de México en un mismo contingente, para exigir el cese de la represión contra la movilización social.
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