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Reprimen a reclusas por exigir sus derechos

Por Lourdes Maldonado

A un mes de que una treintena de reclusas del Cereso de esta ciudad inició una huelga de hambre para exigir se cumpla su derecho a la preliberación, las inconformes padecen ahora las represalias de las autoridades carcelarias que las amenazan y maltratan “por revoltosas”.

El conflicto comenzó el pasado tres de agosto, cuando 31 mujeres iniciaron una huelga de hambre ante la negativa de las autoridades de Baja California y federales, que no aplican el beneficio de preliberación a que tienen derecho aunque casi todas ellas están por cumplir sus condenas y tienen buena conducta.

Debido a que las internas cometieron delitos federales, las autoridades del sistema Penitenciario de Baja California se han negado sistemáticamente a solucionar sus demandas, a las que se sumaron 19 hombres en la misma situación.

Unos días después de iniciada la huelga de hambre, Alicia de 48 años de edad y presa desde hace nueve años, narró a la agencia informativa Detrás De La Noticia, que dirige el periodista Ricardo Rocha, las razones por las que inició el movimiento.

Alicia destapó la cloaca que es el Pueblito de La Mesa así como las violaciones a los derechos humanos de que son víctimas las mujeres en un penal sobrepoblado, en el que conviven alrededor de seis mil internos, 520 de ellos, mujeres.

Ahí, dijo, las obligan a tener sexo con los internos varones y son obligadas a prostituirse para sobrevivir y obtener algunos beneficios y privilegios en el penal. Todo ello causó 30 embarazos no deseados ya que no tienen acceso a condones ni píldoras anticonceptivas, lo que aumenta el riesgo del SIDA, además de que faltan agua y comida.

Tras una semana de ayuno, Victor Clark Alfaro, presidente del Centro Binacional de Derechos Humanos, anunció una visita de activistas del Sur de California al penal, al que es negado el acceso de los medios de comunicación bajo el argumento de que “es inseguro”.

10 días después de iniciado el conflicto y ante la negativa de las huelguistas a suspender su protesta, los celadores les dieron una golpiza ejemplar y las obligaron a entrar a sus celdas ya que un día después visitaría el penal una comisión de activistas del Sur de California, quienes constataron los golpes que recibieron las reclusas y emitieron un comunicado.

En éste denunciaron públicamente las constantes violaciones a las garantias invididuales de los y las reclusas del Pueblito de La Mesa, las condiciones insalubres en que viven, las huellas de las golpizas y exigieron la apertura inmediata del penal a los medios de comunicación para que se conociera la verdad.

Aunque ese documento fue ignorado por las autoridades, el gobierno federal se comprometió a enviar a un grupo de abogados para revisar los casos y liberar a quienes cumplieran los requisitos, fue destituído Juan Carlos Mariscal como director del Sistema Penitenciario y Elias Meraz nombrado director de la Penitenciaria del Estado en Tijuana. Julián Leyzaola Pérez, militar de carrera, ocupó de inmediato la Direccion, con la orden de controlar el Cereso de esta ciudad.

Ante la respuesta favorable de las autoridades federales y tras 15 días de huelga de hambre y dos motines, las mujeres del Pueblito de La Mesa decidieron suspenderla.

Aunque llegó a este lugar el equipo de abogados, nada se ha resuelto y las internas ahora son amenazadas constantemente de que no tendrán oportunidad de salir antes como lo indica la ley, “por revoltosas y grillas”.

La represión aumentó. Ya no permiten el ingreso de comida hecha, ni joyas, dinero o bolsas. Han indicado que las visitas familiares serán reducidas a una vez por semana y la visita conyugal, sólo una vez cada 15 días.

El 28 de agosto, unas 300 mujeres indignadas, arremetieron contra puertas y ventanas del penal de La Mesa, exigiendo respuestas del director interino, ya que durante un motin fueron disparadas balas de hule contra los reclusos, del que resultaron con heridas fuertes.

Un funcionario del estado negó el uso de balas de goma lo que indignó a las madres de las y los reclusos, le lanzaron huevos y poncharon las llantas de vehiculos oficiales para impedir que huyeran. El gobierno respondió anunciando que iniciaría una averiguación previa para hallar a los responsables del ataque.

Ante el desorden el Congreso del Estado pidió la comparecencia de Manuel Díaz Lerma, Director del Sistema Estatal Penitenciario, para que explique porqué no se ha dado una solución a este conflicto donde son ellas las protagonistas. Al mismo tiempo piden la destitucion de Alejandro Parra Laporte,de la Subdireccion de los Ceresos, por incompetencia.

2003/LM/MEL

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