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Reproducción asistida, tema rezagado en la legislación

Por Anaiz Zamora Márquez

Investigaciones especializadas señalan que al año en México se registran 189 mil casos de infertilidad, pese a esa realidad, en el país no existen garantías para que quienes desean hacerlo puedan ejercer su derecho –consagrado constitucionalmente– a conformar una familia, y decidir el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.
 
Especialistas en Derecho y en salud sexual y reproductiva, quienes acudieron a un coloquio internacional organizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidieron en que uno de los temas más rezagados a nivel nacional, en la legislación y la política pública, es la reproducción asistida, incluso cuando su no garantía viola el derecho de las personas a reproducirse libremente.
 
La doctora en Administración de Servicios de Salud Lourdes Motta Murgía, aseguró que los servicios de reproducción asistida deben ser parte del catálogo de servicios de salud sexual y reproductiva, proveídos por el Estado, pues están relacionados con la planificación familiar y permiten ejercer el derecho que tienen las y los mexicanos de ser padre o madre.
 
Explicó que actualmente el término “infertilidad” manejado en los sistemas de salud (entendido como una discapacidad y relacionado con alguien que nunca ha tenido un hijo y que ya transcurrió 12 meses en la búsqueda de ello), deja fuera a quienes ya han tenido una hija o hijo, pero no ha logrado embarazarse de nuevo, así como la pérdida gestacional recurrente (embarazos que no llegan a término).
 
Tampoco considera la “infertilidad relacional”, que se refiere a que una mujer soltera o sin pareja tenga el derecho de ser madre (o un hombre quiera ser padre), al mismo tiempo que excluye a las parejas del mismo sexo que quieren que sus hijas o hijos tengan sus  genes (por ejemplo a través de la maternidad subrogada).  
 
La también integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública abundó que muchas de las técnicas de reproducción asistida (algunas ofrecidas por el sistema de salud) se ven condicionadas a que las personas cumplan con ciertos requisitos que llegan a ser discriminatorios, y que no necesariamente se relacionan con cuestiones médicas.
 
Dichos requisitos están por temas como la edad, sin considerar que muchas mujeres deciden postergar la maternidad “porque así conviene a sus intereses personales”, a que debe existir un matrimonio o concubinato, e incluso a “cuestiones espeluznantes” como el hecho de que no se tenga un hijo previo, pues el Estado no tiene que intervenir en el número de hijas o hijos que las personas desean tener, dijo Lourdes Motta.
 
Al mismo tiempo que la reproducción asistida aún no se contempla como un servicio que debe ser garantizado para toda la población, y no existe una regulación y vigilancia de los centros privados que ofertan el servicio, advirtió la especialista.
 
La doctora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ingrid Lilian Brena Sesna, abordó la falta de legislación en maternidad subrogada (implantación de un óvulo fecundado en el vientre de una mujer que cursará el embarazo, pero no asumirá el papel de madre), por lo que se deben garantizar todos los derechos de todas las personas involucradas.
 
Explicó que en estos casos se dan abusos, como cuando la madre subrogada es quien presta el servicio doméstico en la casa, hasta casos en los que las mujeres embarazadas reciben malos tratos en las instituciones de salud pública, pero el gran reto se encuentra en la falta de registro del nacimiento de estas niñas y niños.
 
Abundó que hay una responsabilidad a nivel federal en la materia, pues el proceso científico para realizar la implantación del embrión debe estar regulado en la Ley General de Salud, que hasta ahora no la tiene contemplada.  
 
A nivel local, el problema radica en el establecimiento de la condición jurídica y civil de las y los menores de edad, lo que es competencia local, pues muchos de los reglamentos de Registro Civil exigen que el nombre de la madre que aparece en el registro de nacimiento coincida con la y el padre que desean registrar a la o el recién nacido.
 
Al recordar que a nivel federal se han presentado al menos ocho iniciativas para legislar la maternidad subrogada, sin que ninguna haya procedido, la especialista criticó que a las y los legisladores “les interesa más salvaguardar sus creencias que legislar a favor de un problema que ya tenemos enfrente”.
 
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