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Reprueba Congreso violencia política contra ex edil de Chenalhó

Por la Redacción

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó la violencia contra las mujeres que acceden a puestos de decisión, y en particular la violencia contra la ex alcaldesa del municipio chiapaneco de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar con base en los “usos y costumbres” del pueblo tzotzil.
 
La Comisión Permanente solicitó a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas que investigue y deslinde responsabilidades frente a la posible comisión de delitos, en contra de Rosa Pérez, quien duró en el cargo por sólo nueve meses.
 
En mayo pasado, la ex edil de Chenalhó presentó su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días habitantes de la localidad tzotzil mantuvieron tomada la alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena, en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió”.
 
A decir del Congreso federal, es claro que la demanda de la población estuvo sustentada en los “usos y costumbres” que relegan a las mujeres por el simple hecho de serlo.
 
La alcaldesa vivió amenazada durante los meses que duró su mandato y fue obligada a renunciar con métodos violentos; el pasado 25 de mayo sus opositores irrumpieron en el Congreso de Chiapas y retuvieron a los diputados Eduardo Ramírez y Carlos Penagos, éste último coordinador del Partido Verde Ecologista de México.
 
Ambos políticos fueron llevados a la plaza central de Chenalhó, donde permanecieron 18 horas en una especie de juicio popular indígena, que incluyó la humillación tzotzil de vestir de mujer al diputado Ramírez, “por no cumplir su palabra”.
 
Horas después se realizó una votación sustentada en los “usos y costumbres”, de la cual resultó electo como presidente sustituto el síndico Miguel Santiz Álvarez.
 
En ese contexto, “obligar a que las mujeres renuncien a los cargos adquiridos por vía de la democracia, es una afrenta al Estado de Derecho que no debe ser permitida”, dijo la Comisión Permanente, que además advirtió que es necesario reconocer la existencia de la violencia política contra las mujeres.
 
Es por ello que las y los legisladores federales exhortaron al gobierno de Chiapas a garantizar los Derechos Humanos y políticos de las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular.
 
La Permanente también pidió al Congreso de Chiapas adoptar medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o designación.
 
El punto de acuerdo aprobado indica que el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.
 
Además destacó que las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones civiles, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional.
 
Sin embargo, para senadores y diputados federales persisten cuestiones estructurales, como la violencia política, que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público.
 
El acuerdo también precisa que la violencia política impacta en el derecho a votar y ser electas en los procesos electorales; y afecta el desarrollo de las mujeres en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos, aspirantes a cargos públicos o al interior de sus partidos.
 
Asimismo, muestra que la violencia repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos en las mesas directivas de casilla.
 
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