En su informe anual, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) reprobó la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al exculpar el 29 de noviembre del 2007 al gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, de cualquier implicación en la arbitraria detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, así como la salida del la estación radiofónica XEW de la periodista Carmen Aristegui.
En el informe de RSF figuran el gobernador Mario Marín y su homólogo de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, como dos claros ejemplos de impunidad en los ataques a periodistas en el país. Mientras que lamenta que la mayoría de los ministros de la SCJN hayan dado carpetazo a la investigación en contra de Marín por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
RSF considera que el voto en contra del dictamen inculpatorio del ministro Juan Silva Meza es el «colmo del escándalo y la complacencia política» y recrimina que la SCJN haya considerado que la conversación que sostuvo Mario Marín con Kamel Nacif en la que queda al descubierto la conjura para aprehender a la periodista «era sólo un diálogo donde «bromean», por lo que consideraron que carecían de «valor probatorio».
En este sentido, la organización destaca que la SCJN decidió exculpar el 29 de noviembre del año pasado al gobernador de Puebla de cualquier implicación a pesar de que «existían grandes sospechas contra el político desde que W Radio, filial de Televisa Radio, y el periódico La Jornada, hicieron públicas las conversaciones entre Marín y Nacif».
ARISTEGUI
De la misma manera, el informe destaca el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien difundió las grabaciones entre Marín y Nacif, dio seguimiento al caso y el 3 de enero se despidió de los micrófonos de W Radio, Luego de que le fuera rescindido el contrato alegando que su programa ya no encajaba en el «modelo editorial» de la emisora propiedad de Televisa y la televisora española Prisa.
El informe indica que el gobierno federal tiene un «arbitraje» del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puesto que tiene una tercera parte de las fuerzas en el Congreso, además de la mayoría de gubernaturas, donde los mandatarios locales hacen poco caso del Gobierno federal, por lo que impera la impunidad en agresiones contra periodistas.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
En cuanto a la violencia contra las y los comunicadores en el país, el documento calificó a México como el país más peligroso para el ejercicio periodístico en América, por encima de países como Colombia o Perú.
Indica que México fue el país con mayor número de muertes de periodistas en el ejercicio de su profesión durante 2007, al registrar dos reporteros muertos, 3 desaparecidos y el asesinato de tres colaboradores de medios de comunicación.
Los dos asesinatos de periodistas que ubican a México como el país más peligroso para el ejercicio de esa profesión fueron los cometidos contra Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco, el 6 de abril de 2007, y el de Saúl Martínez Ortega, director de la revista Interdiario y periodista del Diario de Agua Prieta, desaparecido y luego encontrado muerto el 23 de abril en el estado de Chihuahua.
De la misma manera el documento destaca la muerte de periodistas durante el combate al narcotráfico emprendido por Felipe Calderón y el avance en legislación para tener libertad de expresión, como el hecho de que se despenalizaran los delitos de injurias, calumnias y difamación.
Señala que la libertad de expresión ha progresado jurídicamente con la despenalización de los delitos de prensa a nivel federal. Desgraciadamente, en los hechos, «el país se mantiene en el puesto de más mortífero del continente para los periodistas, con dos muertos y tres desaparecidos.
En el prefacio del informe, Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras, denuncia la impotencia, la apatía y la duplicidad de los defensores oficiales de la libertad de expresión. La cobardía de algunos Estados occidentales y grandes instituciones internacionales perjudica a la libertad de expresión.
Ménard apunta: Resulta preocupante la falta de determinación de las democracias para defender los valores que se supone tendrían que encarnar.
08/GT/GG
