Cuando la Asamblea Nacional de la República Dominicana votó en abril de 2009 modificar la constitución con el objetivo de incluir un derecho a la vida que comienza en el momento de la concepción, el país continuó con una tendencia preocupante que está teniendo lugar entre jurisdicciones latinoamericanas hacia la virtual eliminación del recurso de las mujeres a los servicios de aborto seguro.
Según la ley dominicana, tanto los doctores que practican abortos como las mujeres que los obtienen tienen que hacer frente a severas condenas, incluyendo sentencias de prisión.
La enmienda fue introducida por el presidente Leonel Fernández y obtuvo un amplio apoyo de la asamblea nacional. La medida es un eco de otros cambios similares promulgados a nivel estatal en México, donde 12 estados han adoptado recientemente enmiendas constitucionales, declarando que la vida comienza en el momento de la concepción.
Estas enmiendas—cuyo objetivo es obstruir cualquier liberalización de las leyes de aborto ya existentes y que incluso puedan llegar a prohibir abortos que antes eran legales, como en casos de violación—parecen ser una dura reacción contra la legalización del 2007 del aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo en Ciudad de México.
Estos movimientos siguen los pasos de criminalización del aborto bajo todas las circunstancias tal cual se dio en Nicaragua en 2006 y en el Salvador en 1998. En 2007, tanto Humans Right Watch como Ipas publicaron informes que documentan las muertes de mujeres cuyas vidas podrían haber sido salvadas si el aborto terapéutico hubiera estado permitido.
Esta tendencia hacia restricciones draconianas al aborto, es decir, prohibir por completo el procedimiento en lugares donde el aborto ya estaba altamente restringido, ignora la fuerte evidencia proveniente de América Latina y de otras partes del mundo, la cual muestra que las tasas de aborto son en general tan altas, o incluso más altas, en países donde el aborto está altamente restringido en comparación con aquellos países en donde es ampliamente legal.
RESTRICCIONES NO ABATEN CIFRAS
Por ejemplo, la tasa de aborto en México aumentó un 33 por ciento (de 25 a 33 procedimientos por cada 1 mil mujeres de 15-44 años) entre 1990 y 2006, a pesar de las políticas altamente restrictivas.
Además, la tasa de México supera en más del 40 por ciento a la tasa de aborto en los Estados Unidos (19 abortos por cada mil mujeres), aunque el procedimiento es ampliamente legal en los Estados Unidos.
Otra diferencia relevante entre los dos países es que el aborto es un procedimiento muy seguro para las mujeres estadounidenses, mientras que es un procedimiento a menudo peligroso para las mujeres mexicanas.
Asimismo, la información existente a nivel mundial muestra que las restricciones al aborto no llevan a bajas tasas de aborto. Un estudio mundial sobre aborto realizado por el Guttmacher Institute y la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que las tasas de aborto son menores en regiones como Europa Occidental (12 abortos por cada 1 mil mujeres), donde el aborto es ampliamente legal, que en regiones en desarrollo, como América Latina (31 abortos por cada 1 mil mujeres) donde el aborto es ampliamente ilegal.
La información mundial también resalta que las restricciones al aborto disminuyen significativamente la seguridad de los procedimientos. En aquellos lugares donde las leyes son restrictivas, las mujeres, especialmente aquellas que son pobres, se ven forzadas a buscar abortos clandestinos e inseguros, que a menudo dañan su salud.
De acuerdo al estudio del Guttmacher y la OMS, casi todos los abortos (92 por ciento) en países desarrollados son seguros, mientras que en países en desarrollo más de la mitad (55 por ciento) son inseguros. Casi todas las muertes relacionadas con el aborto en el mundo tienen lugar en países en desarrollo. En América Latina, el aborto inseguro es una de las causas principales de mortalidad materna. Asegurar el acceso al aborto seguro y legal mitigaría significativamente el sufrimiento y la productividad perdida a causa de los procedimientos inseguros.
En última instancia, sin embargo, hay que recordar que detrás de casi cada aborto hay un embarazo no planeado. Si los gobernantes y tomadores de decisión en América Latina quieren verdaderamente reducir las tasas de abortos en sus países, tienen que focalizar su atención en mejorar el conocimiento y el acceso a una amplia variedad de métodos de planificación familiar.
Las restricciones draconianas al aborto no tendrán como resultado una mejoría de la vida de las mujeres en la República Dominicana, en México o en ningún otro país del mundo.
* Colaboración especial para Cimacnoticias de la doctora Sharon Camp, presidenta y directora ejecutiva del Guttmacher Institute, y de la doctora Fátima Juárez, profesora e investigadora de El Colegio de México e investigadora distinguida del Guttmacher Institute.
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