La organización Sin Fronteras IAP repudió enérgicamente las declaraciones de la Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, publicadas ayer por el diario La Jornada bajo el título «Migrantes de CA afectan el tejido social de México: Cecilia Romero», pues fomentan la xenofobia y la violencia contra las y los migrantes indocumentados centroamericanos.
A través de un comunicado, Sin Fronteras aseguró que lo dicho por la funcionaria sobre la supuesta afectación al tejido social que estarían provocando las y los migrantes indocumentados que cruzan a México, tiene un lenguaje insultante y discriminador, atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas que migran.
Aún más, «sus palabras contradicen el discurso oficial internacional de México, que defiende y promueve los derechos humanos de la población migrante», dice Sin Fronteras.
Cecilia Romero, continúa el texto, nos confronta con una realidad nacional drásticamente diferente, en la que se confirma que el INM es una institución policíaca incapaz de coordinar una política migratoria integral enfocada en el respeto a las personas, sus derechos y desarrollo.
Al respecto, numerosas organizaciones civiles, no gubernamentales, entre ellas Sin Fronteras, y académicas han referido reiteradamente las denuncias de las y los migrantes sobre la violación a sus derechos humanos por parte de elementos y autoridades del INM, como ha reportado Cimacnoticias.
Incluso el Grupo Beta reconoció que 51 por ciento de las violaciones a sus derechos humanos son cometidas por agentes de la autoridad pública.
DINERO PARA EL CONTROL
Sobre el reforzamiento de la frontera a través de la ampliación del presupuesto del INM –600 millones de pesos adicionales a lo otorgado el año pasado y con dinero estadounidense del Plan Mérida— la funcionaria dijo al diario que se trata de un plan de «colaboración» bilateral.
Y explicó: «parte de los recursos que pudiera entregar Estados Unidos (una primera partida de 500 millones de dólares, si así lo autorizan los legisladores de aquel país) serviría para ampliar el Sistema Integral de Operaciones Migratorias (SIOM), o sea, instalar más puntos de revisión a lo largo de la frontera sur».
Ante ello, Sin Fronteras considera que el esfuerzo del INM «como se refleja en las declaraciones antes referidas y en el presupuesto recién aprobado por la Cámara de Diputados, es por el control férreo de la frontera sur de nuestro país, sin que se asignen recursos para la promoción y defensa de los derechos de esa población, en negación a la realidad y a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
LLAMADO DE SIN FRONTERAS
Por ello, Sin Fronteras hace un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación para que la Comisionada del Instituto Nacional de Migración «utilice un lenguaje adecuado a la función que le ha sido encomendada y acorde a los compromisos de México en materia de Derechos Humanos».
También, para que la normatividad migratoria, en especial las Normas de Funcionamiento de las Estaciones Migratorias del INM, actualmente en dictamen en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), cumplan con los principios internacionales de Derechos Humanos con los que México está obligado.
Hace además «un atento llamado al Honorable Congreso de la Unión para que adopte un punto de acuerdo que condene el discurso y actuación criminalizadoras de las y los migrantes por parte del INM».
Y para que realice un monitoreo cuidadoso de la actuación del INM, así como del manejo del presupuesto que le fue recientemente asignado y se eviten así nuevas violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes.
07/GG/CV
