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Repudian impunidad por esterilizaciones forzadas en Perú

Por Julia Vicuña
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Diferentes organizaciones feministas expresaron su indignación por la decisión del Ministerio Público peruano de archivar las investigaciones contra el ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud, en relación con la esterilización forzada de miles de mujeres.
 
Al liberarlos de toda responsabilidad por esos hechos se deja en la impunidad una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos (DH) cometidas en el país sudamericano, aseguraron.
 
María Ysabel Cedano, directora de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, condenó la resolución emitida el pasado 22 de enero por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que dispone no formalizar denuncia penal contra Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, asesores y directores involucrados en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000.
 
Ese programa, que respondió a la Ley Nacional de Población, tenía como objetivo reducir la tasa de fecundidad a 2.5 hijos por mujer en el año 2000 y promovió 270 mil esterilizaciones quirúrgicas, especialmente a mujeres en zonas rurales, a quienes, con engaños y chantajes, se les privó de sus capacidades reproductivas sin garantizarles información clara sobre la intervención.
 
Cedano señaló que por lo menos 18 mujeres murieron como resultado de estas prácticas y que el 15 de junio de 1999 Demus denunció el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Explicó que la investigación fiscal se reinició en noviembre de 2012 ante el exhorto de la CIDH, instancia que monitorea el Acuerdo de Solución Amistosa en torno al caso de Mestanza Chávez.
 
Ante la CIDH, el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de su muerte, lo que se desdice con la última decisión judicial.
 
La resolución de la Fiscalía señala que los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático de parte de Alberto Fujimori, y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado por falta de dolo de parte de los ex ministros, asesores y directores de salud.
 
En la legislación penal peruana la esterilización forzada es un delito y constituye una violación grave a los DH de acuerdo con el sistema internacional humanitario. Por tanto, configura un crimen de lesa humanidad por haber sido una práctica sistemática y generalizada, que amerita investigación y sanción.
 
14/JV/RMB

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