La Familia Pasta de Conchos y varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), junto con los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón y José Antonio Almazán González, exigieron a las autoridades federales rescatar los cuerpos de los 65 mineros sepultados en la mina ocho de Pasta de Conchos, Coahuila y acatar las recomendaciones hechas por el Comité Tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la necesidad de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad en las minas de carbón.
Luego de acudir a las instalaciones de San Lázaro a entregar las recomendaciones hechas por la OIT del Octavo Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimento por el Gobierno del México del Convenio sobre la Administración del Trabajo, 1978 (Número 150), en voz de Elvira Martínez, la Organización Familia Pasta de Conchos demandó que las Secretarías de Gobernación (Segob), de Economía (SE) y Previsión Social (STPS), «instruyan de inmediato para la reactivación de la mesa técnica que formule las condiciones a implementar para dar inicio al rescate» de los cuerpos que permanecen sepultados desde el 19 de febrero de 2006.
La propia Elvira Martínez entregó a los legisladores del Sol Azteca, Ortiz Magallón y Almazán González, tanto el Informe de la OIT como el pronunciamiento ¡Rescate Ya!, donde señalan que «conforme a las Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que confían ´a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones el seguimiento a las cuestiones planteadas…´, que la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones correspondientes, también dé seguimiento al procesamiento de Pasta de Conchos en este ámbito internacional».
En el documento se solicita a que «se legisle en la Cámara de Diputados y Senadores para que no vuelva a ocurrir en nuestro país (la tragedia de Pasta de Conchos) que las familias de una víctima de un accidente laboral, no tengan interés jurídico para poder demandar lo que sea necesario».
Está signado por Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier en Cerro de San Pedro, Movimiento Todos Somos Zimapán, Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; Centro de Estudios Ecuménicos; Servicios y Asesoría para la Paz; Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina; Centro de DH Fray Juan Larios; Cereal; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; Centro Fray Francisco de Vitoria, OP. AC; Fomento Cultural y Educativo; Cencos; Comité de Liberación «25 de Noviembre»; Centro de Reflexión Teológico; Colectivo ALAS; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos; Católicas por el Derecho a Decidir; Observatorio Eclesial y Celamex.
Elvira Martínez también enfatizó: «Se atienda la solicitud de entrevista con el secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont, expresada por superiores religiosos de México, fechada de recibido en Segob el 19 de febrero del año 2009».
Y solicitó, además, que la Cámara de Diputados solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) «reabra el expediente sobre el caso Pasta de Conchos, tal como la recomendó la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) en su resolución 064/2008.
La integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos fue más allá al solicitarle a la Comisión Especial de esta Legislatura sobre el siniestro minero, exija la inhabilitación del ex titular de la STPS, Francisco Javier Salazar Sáenz, durante la administración de Vicente Fox. «Queremos expresar por el mandato que tiene la Cámara de Diputados de conocer sobre las irregularidades de los funcionarios públicos, que el Informe de la OIT a donde apunta en cuanto al incumplimiento es exacta hacia él, hoy nuevamente candidato a diputado por Acción Nacional».
Ya por último y como cierre del Foro de Análisis Pasta de Conchos el Rescate es Posible la OIT Hace Responsable al Estado Mexicano, Elvira Martínez concluyó que «por todo lo anterior, enfatizamos que una vez más se nos ha concedido razón, y tenemos el derecho de exigir al Gobierno de México que no se responda a la razón con violencia, y que más bien, salvaguarde la integridad física y moral de las familias y sus defensores».
09/GGL/ GG
