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Resistencia legislativa a adecuar tipo penal de crímenes de guerra

Por la Redacción

Las diputadas federales Elena Tapia Fonllem (PRD) y Loretta Ortiz Ahlf (PT) afirmaron que es necesario que México reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), y por ello pidieron el apoyo de la Cámara baja para que se reforme el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
En un comunicado, las legisladoras dijeron que es necesario reformar la disposición constitucional porque sería el primer paso para que en el país se adecuaran los tipos penales con las definiciones de los crímenes de guerra, lesa humanidad, agresión y genocidio establecidos en el Estatuto de Roma, base jurídica de la CPI.
 
Desde 2003 organizaciones defensoras de Derechos Humanos señalaron que en caso de que México aceptara la competencia de este tribunal se abriría una posibilidad de justicia para las mujeres, porque podría conocer y juzgar crímenes como violaciones sexuales a mujeres en contextos de guerra o militarización.
 
En enero pasado las diputadas presentaron una iniciativa para reformar el artículo 21 constitucional. En el proyecto aseguraron que era necesario adoptar el Estatuto de Roma y la competencia de la CPI –que es un tribunal internacional vinculado a la ONU– a fin de que juzguen crímenes de lesa humanidad.
 
No obstante este jueves la Comisión de Puntos Constitucionales analizó la propuesta y rechazó aprobar el dictamen.
 
El camino para aceptar la jurisdicción inicia en junio de 2005 cuando se adicionó un párrafo quinto al artículo 21 constitucional, para señalar que el Poder Ejecutivo podría, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la CPI, es decir se limitó el reconocimiento de la competencia de este tribunal internacional y sus resoluciones.
 
En este contexto, Elena Tapia y Loretta Ortiz indicaron que en semanas pasadas la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, organizaciones integradas en la Coalición por la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional y la red Acción Mundial de Parlamentarios enviaron comunicaciones a la Cámara baja para pronunciarse a favor de avanzar en la adecuación del marco legal.
 
Asimismo recordaron que el pasado 20 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el informe final sobre la evaluación de México ante el Examen Periódico Universal, y en este documento la comitiva mexicana aceptó las recomendaciones relativas a la plena implementación del Estatuto de Roma.
 
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