La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lydia Cacho dinamitó la confianza en esa institución, aseveró Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), al destacar que el aparato de justicia y su funcionamiento es uno de los cuellos de botella de la transición democrática en México.
«Ayer se cumplieron dos años de la detención de Lydia Cacho en Cancún. Y después de dos años salen con una resolución que dinamita la confianza en esa institución. Por supuesto que ha venido teniendo una mayor participación, pero en realidad su resolución es eso: un durísimo golpe a la confianza», dijo el Ombudsman capitalino durante la presentación del libro Comparando Transparencia. Un estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial, de la Fundación para el Debido Proceso Legal (FPLF, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un comunicado de la CDHDF, Álvarez Icaza Longoria enfatizó que el mensaje que se pudo mandar con la determinación del Máximo Tribunal del país contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), las redes de pornografía, el abuso de poder y las complicidades jamás llegó.
Apuntó que todas las instituciones tienen los componentes de legalidad y legitimidad. En México, subrayó, parece que a las instituciones judiciales sólo les importa la legalidad, no le ponen énfasis y sentido a la legitimidad. «No se trata de popularidad, sino lo que significa la acción del servidor público que se dedica a la justicia de cara a su proceso social», consideró.
EXIGENCIA CIUDADANA
El Ombudsman capitalino señaló que en la actualidad existe un proceso de exigencia ciudadana al aparato de justicia en su conjunto en materia de transparencia y rendición de cuentas. «La transparencia y la rendición de cuentas son un indicador de la gestión democrática y del ejercicio del Poder Judicial», afirmó.
En este contexto, recalcó que el libro Comparando Transparencia es una herramienta que recupera el proceso de ciudadanización de las instituciones y se refirió a los cinco ejes temáticos de la publicación: información de contrataciones de bienes y servicios, sistemas de designaciones de funcionarios, de sueldos y bienes personales de funcionarios, de resoluciones y expedientes y de reuniones de funcionario de alto nivel.
Ante representantes de autoridades locales, federales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), destacó que la cultura de la transparencia en el Poder Judicial se encuentra a la saga ya que la existencia de la ley no garantiza por sí sola el ejercicio pleno del derecho a la información.
CORRUPCIÓN JUDICIAL
En tanto, la Directora de Programas de la FPLF, Katya Salazar Luzula, aseguró que la corrupción judicial en Latinoamérica se ha sofisticado, basada en el tráfico de influencia solapada entre jueces y firmas de abogados.
Al respecto, dijo estar segura que los mecanismos de transparencia no necesariamente atacarán directamente la corrupción judicial, pero evidentemente disminuyen los riesgos.
Lamentó que en la mayoría de países Centroamericanos exista cierto nivel de tolerancia a las expresiones de corrupción judicial. «En la mayoría de los países Centroamericanos la interferencia de la política en las decisiones judiciales sigue siendo muy grande, y de manera mucho más obvia que en la mayoría de países Latinoamericanos», enfatizó.
Por su parte, la Coordinadora de Rendición de Cuentas y Transparencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Monserrat Solano Carboni, expresó la necesidad de promover mecanismos para que la ciudadanía se apropie del derecho a la información, inclusive en el Poder Judicial, pues «el acceso a la información es fundamental para combatir la corrupción».
En ese sentido, manifestó la importancia de aplicar los tratados internacionales de lucha contra la corrupción al combate de la misma en el sector judicial, así como generar un mayor debate sobre el tema de acceso a la información en el Poder Judicial, a fin de poder romper la barrera que suele establecerse entre jueces y ciudadanía.
«Los jueces no tienen legitimidad mediante el voto, sino que lo obtienen mediante su trabajo y sus decisiones, y si este trabajo no se conoce ni se somete al control público, el impacto que la justicia puede tener en la construcción de una cultura democrática se debilita», finalizó.
DERECHO A LA INFORMACIÓN
A su vez, el director ejecutivo de Fundar AC, Jorge Romero León, consideró imprescindible que la sociedad se apropie del derecho a la información y lo haga exigible, porque de lo contrario se corre el riesgo de un retroceso en la materia. «Si no se hace exigible el derecho, si depende de la norma y depende del mecanismo de operación, corremos el riesgo de un retroceso relativamente pronto en el tema», dijo.
De tal forma, reiteró la urgencia de contar con una sociedad civil y mecanismos institucionales que faciliten, promuevan, ejerzan y difundan el ejercicio del derecho a la información frente al Poder Judicial.
EL ESTUDIO
El impulso que desde el año 2002 se ha dado al acceso a la información en toda América Latina ha tenido un menor impacto en los poderes judiciales en relación con los poderes ejecutivos, señala en una de sus conclusiones generales el libro Comparando transparencia. Un estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial de la Fundación para el Debido Proceso Legal.
El informe analiza la evolución de la transparencia en los poderes Judicial y Ejecutivo, en seis países de la región: Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú.
Para ambos poderes se analizó el acceso a cinco tipos de datos: información de contrataciones de bienes y servicios; de sistemas de designaciones de funcionarios; de sueldos y bienes personales de funcionarios; de resoluciones y expedientes y de reuniones de funcionario de alto nivel.
En algunos aspectos fue evidente que los poderes judiciales han experimentado avances importantes en materia de acceso a la información, como en la publicidad de sus resoluciones.
No obstante, las legislaciones específicas sobre acceso a la información o las que tienen como resultado la promoción de la transparencia, han considerado como principal obligado el Poder Ejecutivo, y dejan sin resolver cuestiones importantes respecto a la publicidad de información generada en el sistema judicial, concluye el comunicado de la CDHDF.
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