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Respalda ONU a Nestora como defensora de pueblos indígenas

Por Anayeli García Martínez
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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU) consideró a Nestora Salgado García –ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, en Guerrero, y presa desde agosto de 2013– como una defensora perseguida por su trabajo a favor de la seguridad de la población indígena, por lo que exigió al Estado mexicano su inmediata libertad. 
 
Mientras en México sigue detenido el proceso judicial contra la ex comandanta, a nivel internacional el Grupo de Trabajo emitió la  resolución 56/2015, con la que cinco especialistas independientes la respaldaron al considerarla “defensora de la población indígena”, que fue arrestada el 21 de agosto de 2013 aunque “no había cargos contra ella ni ninguna circunstancia de manifiesta actividad criminal”. 
 
En ese tenor, cabe recordar que relatores especiales de la ONU ya habían cuestionado al Estado mexicano por las condiciones de detención de la activista cuando se encontraba en un régimen de aislamiento en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, ante lo que el gobierno se vio obligado a reubicar a Nestora en el reclusorio de Tepepan, al sur de esta capital, en mayo de 2015, y permitió las visitas familiares, así como que fuera atendida por la neuropatía que padece.
 
“PERSEGUIDA POR EL ESTADO”
 
Tras revisar toda la información sobre el caso, el Grupo de Trabajo determinó que la parte sustantiva de los alegatos de la defensa de Nestora quedó totalmente corroborada por las respuestas del Estado mexicano, e incluso los expertos afirmaron que pareciera que ella “fue perseguida debido a su lucha por los derechos de la población indígena”.
 
El Grupo de Trabajo reiteró que la ex comandanta actuó en cumplimiento de sus funciones, pues arrestó a varios adolescentes por la supuesta distribución de drogas, así como al representante legal municipal, Armando Patrón Jiménez, por la presunta manipulación de pruebas en la escena de un doble asesinato, quienes ahora la acusan de secuestro.
 
En diciembre de 2015 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió su decisión sobre el fondo del caso de Nestora, el cual analizaba desde noviembre de 2013 y consideró que su detención fue ilegal y arbitraria, su proceso injusto, y exigió tanto su libertad como una “compensación apropiada” por las violaciones a sus Derechos Humanos (DH).
 
Durante dos años el Grupo de Trabajo, compuesto por cinco especialistas independientes, estudió el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, que representa a la defensora a nivel internacional, así como las respuestas del Estado mexicano.
 
Finalmente, el pasado 19 de enero el grupo de expertos informó su decisión a las autoridades mexicanas, y este martes 2 de febrero a los abogados peticionarios que solicitaron el análisis y opinión sobre esta detención arbitraria.
 
Cabe decir que este es el primer caso, en los últimos dos años, en el que el Grupo de Trabajo reconoce y respalda a una mujer defensora de DH que fue criminalizada por defender a su pueblo.
 
Y es que desde 2014 a esta instancia han llegado tres casos de varones: Damián Gallardo Martínez, defensor de la comunidad mixe de Oaxaca, detenido el 18 de mayo de 2013; Jacinto Baños Rodríguez, defensor de indígenas en Oaxaca, detenido el 25 de agosto de 2013; y Pedro Celestino Canché Herrera, periodista y defensor indígena maya, detenido en Quintana Roo el 30 de agosto de 2014.
 
RESOLUCIÓN FAVORABLE
 
Si bien la reciente resolución no tiene un efecto inmediato en el proceso judicial que se sigue en México contra Nestora, por las acusaciones de secuestro, sí es una resolución favorable, ya que tiene elementos claros sobre las violaciones al debido proceso del que ella es víctima, consideró en entrevista desde Estados Unidos Alejandra Gonza, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos y abogada de la ex comandanta de la PC.
 
Sin embargo, es de resaltar que no es la primera vez que organismos internacionales respaldan a Nestora, pues en marzo de 2015 el Grupo de Trabajo y seis relatores especiales de la ONU enviaron una comunicación al gobierno mexicano en la que expresaron su preocupación por el caso de la mujer de origen tlapaneca, que cabe decir tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense.  
 
Entre las relatorías firmantes, están la de la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos; la de los Derechos de los Pueblos Indígenas; la de Violencia contra la Mujer; y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los seis relatores determinaron que había indicios de detención arbitraria, tratos crueles, criminalización contra una defensora y violencia de género, por lo que recordaron que el Estado mexicano tenía la obligación de castigar todo acto de violencia contra la mujer y garantizarle el acceso a la justicia, ya sea por actos perpetrados por el Estado o por particulares.
 
Los expertos de Naciones Unidas también llamaron la atención sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a tener sus formas tradicionales de organización social, política y de administración de justicia, esto considerando que las acusaciones de secuestro contra Nestora se dieron cuando ella era coordinadora regional de la PC de Olinalá.
 
La abogada Alejandra Gonza explicó que ahora se esperan reuniones con las autoridades mexicanas y con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, para obtener avances en el proceso de liberación, ya que gracias a la presión internacional el gobierno se ha visto obligado a garantizar condiciones mínimas de bienestar para Nestora, tales como su atención médica.
 
16/AGM/RMB

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