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Respeto a derechos humanos, pide AI a Calderón

Por la Redacción

Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno del panista Felipe Calderón –quien reiteradamente ha dicho que gobernará con “mano dura”– y al Congreso de la Unión modernizar con urgencia el sistema de justicia y de seguridad pública del país, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

Esteban Beltrán, activista de la delegación de AI en México, dijo hoy, al presentar un informe en la Casa del Poeta, que “si la nueva administración no toma medidas efectivas, transmitirá el mensaje de que en México se toleran las violaciones de derechos humanos.

Las deficiencias de los sistemas judicial y de seguridad pública hacen que la detención arbitraria, la tortura, los juicios injustos y la impunidad sean prácticas sistemáticas a nivel estatal y federal en todo el país”, señaló el activista.

El informe titulado México Leyes sin Justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública, observa las deficiencias de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal mexicano.

El documento refiere que “en diferentes partes de México se detiene a menudo a decenas de personas sobre la base de pruebas carentes o inexistentes y se les niegan derechos básicos, lo que da lugar a errores judiciales y destruye la confianza en el sistema de justicia y el Estado de derecho”.

Los mecanismos de rendición de cuentas son tan débiles que, incluso en los pocos casos en que se realizan investigaciones oficiales sobre los abusos cometidos, raras veces se lleva a los responsables ante la justicia, lo cual fomenta una cultura de la impunidad, agrega el informe.

La enorme diferencia que existe entre los principios jurídicos y la protección efectiva, las irregularidades de la detención preventiva, la presentación de cargos falsos contra activistas políticos y defensoras y defensores de los derechos humanos y la ausencia del principio de presunción de inocencia en la Constitución mexicana, son algunos ejemplos de estas deficiencias.

Otro punto que aborda son los efectos de estas deficiencias en lo que califica como “los miembros más vulnerables” de la comunidad, es el caso de las y los indígenas.

Al respecto, el informe documenta dos casos emblemáticos.

Magdalena García Durán, la indígena mazahua detenida durante los operativos de San Salvador Atenco, a quien se le acusa de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación y que permanece recluida desde mayo de 2006 en el penal de Santiaguito.

“A pesar de haber ganado un amparo ante un tribunal federal demostrando que no se hallaba presente cuando se cometieron los delitos imputados, Magdalena fue acusada de nuevo por funcionarios estatales de secuestro contra la policía y de ataques a las vías públicas y todavía está encarcelada”, señala el informe.

Otro caso es el del profesor y activista político Germán Mendoza Nube, quien padece paraplejia y que fue detenido por policías estatales de Oaxaca, el 9 de agosto de 2006, en virtud de una orden dictada sobre la base de una investigación que los tribunales habían suspendido anteriormente por falta de pruebas.

Posteriormente la policía estatal afirmó también que había sido detenido en posesión de armas, versión que contradijeron diversas personas que habían sido testigos, jamás se explicó a Mendoza por qué había sido detenido ni se le permitió llamar a su familia.

Como muestra el informe de AI, a la mayoría de los presuntos delincuentes se les niega la debida asistencia letrada en el momento de su reclusión, cuando más expuestos están a sufrir tortura e intimidación. Las autoridades hacen habitualmente caso omiso de las denuncias de maltrato bajo custodia o las desestiman.

En la mayoría de los casos, son los miembros más pobres y más vulnerables de la sociedad los que sufren abusos bajo custodia y a los que se proporcionan también los abogados defensores con menos experiencia y más incompetentes.

Según un censo realizado por el Instituto Federal de Defensoría Pública de México, en 2004 había sólo 82 abogados con la preparación necesaria para representar a los 13 millones de personas indígenas de México.

Esteban Beltrán concluyó que la clave de una sociedad justa es un sistema de seguridad pública y de justicia penal fuerte, imparcial y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas, que proteja los derechos humanos de las y los acusados y de las víctimas por igual. Por lo que en las medidas que la nueva administración mexicana adopte en materia de seguridad pública se debe dar la máxima prioridad a la realización de importantes mejoras a nivel federal y estatal”.

07/LGL/GG/CV

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