«¡Que los maten a todos!» se escuchó en 1968 después de la masacre; tres años después algo parecido resonó el Jueves de Corpus en que asesinaron otra vez a estudiantes y hace unos días volvieron a sonar posiciones semejantes, que infunden pavor, en la Cámara de Senadores, afirma Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, de acuerdo con un comunicado del servicio informativo ISA.
Hace tres días, en el Senado, al abordar el tema de los sucesos terribles ocurridos en la prisión de La Mesa, en Tijuana, se propuso un punto de acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos del Senado se trasladase al estado de Baja California, para investigar los hechos ocurridos en ese Centro de Readaptación Social antes mencionado, recuerda la Senadora.
Pero… ¡y allí terminó el espíritu de unanimidad!, dice. No se pudo aprobar la proposición porque la bancada blanquiazul en pleno se opuso a ello.
Y lo más grave fueron las palabras que brotaron de uno de los escaños de los opositores a la aprobación, que coincidían con la orden de exterminio… «porque todos son criminales», dicen que remató el que lo dijo.
Por si lo ignora el autor de tal expresión (que no sé quién es), afirma la luchadora social y presidenta de la Comisión, las prisiones están llenas de pobres, la mayoría de ellos inocentes o culpables de delitos menores a los que los arrastran la miseria, el hambre, la ignorancia, el desempleo y todos los males que generan los malos gobiernos.
Otros confiesan, bajo infame tortura, delitos que no cometieron, pero todos estos atropellos nunca merecen la atención y menos la protesta de gente que considera a los pobres como los prescindibles, los que no hacen falta, los que de nada sirven, los que estorban y por eso también entrenan a sus iguales, a otros pobres, como soldados y policías para la tortura, la crueldad y el exterminio de sus hermanos…
Cuánta razón, tenía Thoreau cuando decía que el enemigo natural del soldado es el gobierno que lo entrena, señala Ibarra.
Y ese mal gobierno se torna diabólico, aborrecible, cuando lo enfrenta a los de su clase y le ordena que los maten a todos.
LA INCIATIVA DE IBARRA SOBRE DH
En sentido contrario a esa posición de la bancada panista, el pasado 25 de septiembre, la senadora de la República Rosario Ibarra presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de modificación a la Constitución Política mexicana a fin de que este documento magno pueda garantizar con plenitud a las y los mexicanos el respeto y la defensa de sus más elementales derechos como seres humanos.
De acuerdo con el servicio de noticias ISA, la iniciativa es una continuación de lo expuesto en noviembre pasado por Rosario Ibarra, en donde recoge las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil mexicana en el marco del convenio suscrito por el Congreso de la Unión con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema de derechos humanos, así como con académicos y especialistas.
Afirma Rosario Ibarra que hizo la propuesta de noviembre, cuando no habían agotado la agenda sobre varios temas, «ante el riesgo de que el tema fuera presentado en el pleno sobre la base del acuerdo de la llamada reforma del Estado, excluyendo o no tomando en cuenta lo que ya habíamos elaborado con las organizaciones de la sociedad civil hasta ese momento».
Efectivamente, relata, así sucedió en las mesas de la reforma del Estado, pero la elaboración sobre el tema con las organizaciones de la sociedad civil continuó y al concluir sus trabajos entregaron al Congreso, a las Comisiones de Derechos Humanos y para el conocimiento de los grupos parlamentarios, en reunión formal que encabezamos las propuestas sobre este tema.
Al mismo tiempo, recuerda la Senadora, las presiones políticas lograron que el encargado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Amérigo Incalcaterra, con quien el Congreso había suscrito el convenio de colaboración, fuera sacado de la oficina de México y que ésta permanezca formalmente acéfala hasta la fecha.
Ahora, la iniciativa del 25 de septiembre pasado retoma lo presentado en noviembre, pero que se completa con otros aspectos que no incluía aquella, ya que no había concluido la discusión y elaboración al respecto.
Los nuevos aspectos tienen que ver, entre otras cosas, con los derechos económicos y sociales.
Ha sido urgente su presentación, dice, pues la dinámica general que se vive en el país apunta a una profundización a un curso autoritario y de otorgarle mayores poderes represivos al Estado en detrimento de los derechos humanos.
Reformas legales como la relativa al terrorismo aprobada a principios del 2007 y sobre todo la llamada reforma judicial debatida y finalmente aprobada como reforma constitucional entre los meses de diciembre del 2007 y mayo de este año apuntan a lo que he denunciado antes como la práctica de convertir en legal lo que era ilegal en el terreno del respeto a los derechos humanos.
Lamenta la senadora que no hubiera existido antes una iniciativa, «como la que venimos proponiendo desde al año pasado», que constitucionalizara los derechos humanos, pues hubiera sido un importante valladar para evitar las medidas autoritarias que ya fueron aprobadas.
Está presente, advierte, el riesgo de una profundización del curso autoritario, represivo, que busca enfrentar la crisis que se vive en el terreno de la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada, sobre todo del narcotráfico, exclusivamente con medidas policíacas, represivas, punitivas, de sostenimiento y expansión de la militarización de la sociedad, con sus secuelas de abusos (como los que hemos denunciado ocurren en estados como Chihuahua o antes en casos como los de Zongolica) haciendo abstracción de las causas políticas y sociales que están en el fondo de estos fenómenos.
El riesgo es que renovado el curso autoritario en medio de los gritos y escándalos por la inseguridad que se vive, nuevamente se sacrifiquen los derechos humanos, dice Ibarra.
Recientemente un gobernador de uno de los estados asolados por la violencia abiertamente propuso que para combatir al crimen organizado y la violencia había que restringir las libertades políticas.
Nuevas iniciativas legales ya se preparan en esa dirección, incluso buscando aprobar lo que no consiguieron hacer en la llamada reforma judicial, adelanta la Senadora y luchadora social.
URGENCIA
Por todo lo anterior, Ibarra insiste en la urgencia de aprobar la reforma constitucional sobre derechos humanos. No quiero, dice, que este esfuerzo conjunto con organizaciones de la sociedad civil quede como mero esfuerzo simbólico, como una declaración ante la historia presentada en tribuna y congelada en el archivo.
Y explica a las OSC que la Comisión que ella preside no dictamina sobre las diversas iniciativas que se han presentado sobre derechos humanos porque, aunque el tema le corresponde a las comisiones de derechos humanos por tratarse de reformas constitucionales, «no vamos en primer turno para dictaminarlas».
Ante ello, a título personal, la Senadora presentará, bajo su responsabilidad, una propuesta dedictamen sobre todas las propuestas de reformas constitucionales de derechos humanos recibidas en la Comisión, para ofrecerla como respetuosa colaboración a ser considerada por la Comisión correspondiente de modo que pueda abrirse la discusión sobre el tema en las instancias y comisiones regulares de trabajo legislativo y no en mesas paralelas generadas por necesidades políticas coyunturales.
08/VR/GG
