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Responsabilizan a Federación de cualquier ataque a periodista

Por la Redacción

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) expresó su preocupación por la seguridad de la comunicadora y activista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, quien el pasado 10 de agosto renunció al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
La RNDDHM –conformada por más de 180 defensoras de 22 entidades del país– emitió hoy un pronunciamiento para responsabilizar a las autoridades federales por cualquier agresión que pudiera padecer Jade Ramírez, quien fungía como consejera ciudadana de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.
 
Las activistas aseguraron que se mantendrán alertas por la seguridad y bienestar de la periodista, ya que ella manifestó a la RNDDHM sentir un “temor fundado de riesgo”, pues durante los meses de marzo y julio pasados enfrentó distintas agresiones en su contra vinculadas con su participación en el Mecanismo.
 
Las intimidaciones fueron desde un intento de allanamiento hasta amenazas de muerte. Por ejemplo el pasado 7 de marzo encontró en el buzón de su casa un mensaje con la imagen de su rostro partido en pedazos.
 
Ramírez Cuevas ha padecido otros actos de hostigamiento vinculados con su papel crítico al interior del Consejo Consultivo del Mecanismo –aseguró la Red–, ya que reiteradamente la periodista señaló deficiencias y criticó la impunidad en la que persisten los casos que atiende la instancia de Segob.
 
Además, desde 2010 Jade Ramírez fue amenazada por vez primera y en 2014 denunció uso indebido de su correo electrónico, así como llamadas telefónicas sin respuesta, y personas que preguntaban por ella en su domicilio particular.
 
Tal situación y la inoperancia del Mecanismo para otorgarle medidas de seguridad llevaron a la comunicadora a presentar el pasado 10 de agosto su renuncia al Mecanismo de Protección, al que se había integrado en noviembre de 2014.
 
A decir de la RNDDHM, la situación de riesgo en la que se encuentra la ex consejera es casi permanente, tanto por su labor periodística como por sus actividades para visibilizar violaciones a Derechos Humanos en diversas partes del país, lo que la ha obligado a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
 
Ya desde abril pasado la periodista había informado de las agresiones –sin resultado alguno– a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República.
 
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