Respuesta insuficiente de Estados ante violencia de género

La violencia contra las mujeres y la discriminación estructural de género son aún problemas profundos y extendidos en América, mientras que la respuesta estatal es insuficiente, tanto en prevención como investigación y sanción, criticó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Ayer, el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su “Informe Anual 2014”, en el que ofrece un panorama general de las actividades realizadas; rinde cuentas sobre el número de casos, peticiones y medidas cautelares de las que se tuvo conocimiento; detalla el trabajo de las relatorías especiales; muestra datos del cumplimiento de los Estados a sus recomendaciones, y describe la situación humanitaria en el hemisferio.
 
Durante la presentación del informe, la comisionada presidenta, Rose-Marie Antoine, señaló que existen cuatro asuntos de preocupación en materia de Derechos Humanos (DH): seguridad ciudadana, discriminación por motivo de nacionalidad, discriminación por motivo de origen étnico o racial, y la situación de la población migrante.
 
Otro tema reiteradamente denunciado y abordado por las y los comisionados en su informe es la violencia contra las mujeres.
 
Durante los periodos extraordinarios y ordinarios de sesiones en 2014, la CIDH recibió extensa información sobre los múltiples retos para que los países implementen de manera adecuada la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), aprobada en 1994.
 
Según el informe, “la violencia contra las mujeres y la discriminación estructural de género continúan siendo problemas profundos y extendidos en la región, mientras que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente, tanto a nivel de prevención como de investigación y sanción”.
 
Un porcentaje inaceptable de asesinatos de mujeres y otros ataques violentos están en la impunidad, mientras que las defensoras de DH, en particular las defensoras de los derechos femeninos, son víctimas de agresiones, criminalización de sus actividades, campañas de difamación, y uso excesivo de la fuerza policial en su contra, entre otros graves problemas, expone la CIDH.
 
La Comisión urgió a los Estados “a avanzar de forma significativa y urgente en la implementación de políticas públicas que hagan efectivos los estándares establecidos en la Convención de Belém de Pará, en especial a través de medidas que deconstruyan la discriminación estructural que subyace en la violencia contra la mujer”.
 
La Comisión recibió durante 2014 “información alarmante” respecto a que las y los defensores de DH en América son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento, con el objetivo de obstruir sus labores y restar legitimidad a sus causas.
 
Tal problema se agudiza sobre todo contra activistas que participan en protestas sociales; personas defensoras de los derechos de la comunidad homosexual y los derechos sexuales y reproductivos; así como dirigentes de comunidades campesinas e indígenas que se oponen a los llamados “megaproyectos”.
 
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