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Retira gobierno de Sonora protección para defensora de DH

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El gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ordenó el retiro de escoltas que resguardaban la seguridad de la defensora de Derechos Humanos (DH) Martha Solórzano, quien ha sido violentada por policías estatales debido a su activismo.
 
Solórzano es beneficiaria del federal Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación, pero sin argumentar razones el mandatario estatal decidió este martes 30 de septiembre retirar los dos escoltas que protegían a la defensora las 24 horas del día.
 
Integrante desde hace cuatro años de la Asociación Esperanza, de Mexicali, Baja California (BC), Martha Solórzano ha mantenido una confrontación con la policía municipal de San Luis Río Colorado, a la que ha denunciado y evidenciado como “corrupta, golpeadora de niños y perpetradora de robos”, lo que la ha puesto en mayor riesgo.
 
Como ejemplo, hace unos días, mientras ella esperaba realizar un trámite en el ayuntamiento de esta ciudad, acompañando a familiares de una víctima de feminicidio, el subcomandante policiaco Rafael Vázquez entró abruptamente y se sentó a su lado, para después frotar su pierna contra la de ella, lo que interpretó como un acto de hostigamiento.
 
Sin ser abogada y con sólo estudios de primaria, Solórzano es la defensora de DH más conocida de San Luis Río Colorado. La misma gente a la que ha ayudado es la que le advierte: “Señora Martha váyase porque los policías andan diciendo que la van a ‘levantar’ y que le van a quemar la casa; hasta la pueden desaparecer, cuídese”.
 
Es por su trayectoria como defensora y por su petición de ayuda a organismos internacionales como Amnistía Internacional que logró ser beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas.
 
Fue en el 75 aniversario de San Luis Río Colorado como ciudad, cuando Martha acudió a buscar al gobernador Padrés a sabiendas de que estaría en el lugar para presidir la ceremonia oficial. En unas cartulinas la defensora aprovechó para repudiar la gestión del mandatario local, y exigir cárcel para policías presuntamente involucrados en violaciones sexuales en la región.
 
Ese día, personal de seguridad le intentó quitar las cartulinas a Martha y fue retenida hasta que representantes de los medios de comunicación se dieron cuenta y fue liberada. Después llegaron colaboradores del gobernador para decirle que la iba a atender, pero que “no agrediera”, contó a Cimacnoticias.
 
“Si quiere hacer algo por San Luis, necesito que ordene el castigo de estos policías”, dijo Solórzano a Guillermo Padrés el pasado 14 de junio. En el breve encuentro el gobernador la invitó a su casa, a lo que ella le contestó: “No quiero que me invite a su casa, quiero justicia, que aprese a estos policías delincuentes”.
 
Padrés Elías le reviró: “¿Sabes qué? Tú no tienes por qué cuestionarme, ni mandarme”. Martha respondió: “¿Aparte de mal gobernante es bipolar? Hace unos momentos me estaba invitando a su casa y ahora me habla así”.
 
INDEFENSA
 
Fue el 15 de noviembre de 2013 cuando a Solórzano se le asignaron por parte del gobierno de Sonora dos escoltas de la policía del Mando Único, que la acompañan para protegerla ante una posible agresión.
 
Martha narró que el suceso más grave en su vida y el cual considera parte de la represión contra ella es la detención ilegal y tortura de su hijo, a quien se le fabricó –afirmó– el delito de portación ilegal de armas de uso exclusivo de la policía.
 
“Es un cochinero el expediente, lleno de violaciones desde el momento de su detención; lo presentaron a un juez calificador y al Ministerio Público con ocho horas de diferencia, completamente violatorio a la ley. Le sembraron un arma de uso exclusivo de la policía”, contó.
 
Con el retiro de los escoltas, la vida de Martha Solórzano está en riesgo, como lo ha estado cuando va a visitar a su hijo al penal de Mexicali, BC, estado al que no pasaban los escoltas, pues el gobernador sonorense se negaba a emitir una carta para que se les permitiera portar armas en la entidad vecina.
 
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