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Retoman en Uruguay Ley de Defensa de Salud Reproductiva

Por Isabel Villar/corresponsal

Luego de más de un año de espera, el pasado 3 de julio se activó la consideración del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva en la Comisión de Salud Pública del Senado de Uruguay, donde se aprobaron por unanimidad los 6 primeros artículos, que definen el marco filosófico y operativo del ordenamiento.

Destacan el deber del Estado de garantizar condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, caracterizados como derechos humanos universales, intransferibles e inalienables, y el reconocimiento de que la sexualidad humana tiene una dimensión de comunicación interpersonal por sobre su función biológica vinculada a la procreación.

Priorizando la discusión del articulado por sobre la recepción de delegaciones interesadas en opinar y las consideraciones generales del texto, la Comisión de Salud Pública del Senado encaró por fin el análisis del articulado del proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.

Prácticamente sin discusión fueron aprobados los seis primeros artículos que se refieren a los deberes del Estado, principios rectores y éticos, objetivos generales y específicos, institucionalidad y acciones.

El inicial pone a cargo del Estado promover políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, diseñar programas y organizar los servicios para desarrollarlos.

El Segundo incluye entre los principios rectores de esas políticas y programas la promoción de la equidad en términos de género y de justicia social, la igualdad de trato y oportunidades y la universalidad, calidad, eficiencia, confidencialidad, privacidad y solidaridad en la prestación de los servicios.

RESPETO A LA DIVERSIDAD DE VALORES

El Tercero introduce el respeto a la diversidad de idiosincrasias y valores, el derecho a procurar la satisfacción sexual durante todo el ciclo vital y el derecho de hombres y mujeres de controlar responsablemente su sexualidad. También otorga jerarquía ética al combate a “las discriminaciones de orden cultural que impidan la toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”, así como al destinado a erradicar toda forma de violencia sexual.

La senadora frenteamplista Mónica Xavier destacó la importancia de esta norma para desarticular falsas oposiciones entre sexualidad y valores.

“Una se cansa de escuchar que no hay preocupación por los valores de la sociedad y que estos ya se han perdido en la formación de las y los jóvenes. Creemos, entonces, que colocar este tema en el marco de la ley con su referencia ética es muy importante, entre otras cosas porque ubica claramente el respeto de la sexualidad de hombres y mujeres como seres sexuados, así como la responsabilidad frente a la procreación, respetando a quienes no realizan su sexualidad en función de la reproducción o, por lo menos, no exclusivamente”, dijo la legisladora, según consta en actas de la sesión.

COBERTURA UNIVERSAL

La universalización de la cobertura de salud sexual y reproductiva en el nivel primario de atención, la formación adecuada de los recursos humanos, la coordinación interinstitucional y la participación de redes sociales y de usuarias y usuarios para el intercambio de información y la educación para la salud, están entre los objetivos generales que enumera el Artículo cuarto.

También la capacitación de docentes “de los ciclos primario, secundario y terciario para la promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una ciudadanía plena”, lo que coincide con lo dispuesto por la Comisión de Educación Sexual de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que justamente está teniendo principio de ejecución a través de un seminario que culmina a fines de esta semana, y abre el camino a la realización de la tan esperada educación sexual en las aulas en cuanto terminen las vacaciones de invierno.

El Artículo quinto detalla los objetivos específicos, incluyendo a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en el derecho a información y servicios de salud sexual y reproductiva, la prevención de la morbimortalidad maternal y sus causas, así como de las enfermedades crónico degenerativas de origen génito-reproductivo y las infecciones de transmisión sexual, la promoción del parto humanizado y de la maternidad?paternidad responsable y el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y confiables.

ACCIONES INTEGRALES Y COORDINADAS

La responsabilidad institucional del Ministerio de Salud Pública y las acciones concretas que deberá llevar a cabo están pormenorizadas en el Artículo sexto. Entre ellas destaca la jerarquización legal de “implementar la aplicación de las normativas sanitarias para la protección maternal frente al aborto provocado en condiciones de riesgo en todos los establecimientos de salud de todo el país”.

Refiere a la normativa aprobada por Ordenanza ministerial número 369 de 2004, que todavía no ha alcanzado cabal cumplimiento en todos las instituciones de salud del país. En este y otros aspectos, la intención es “establecer un marco legal que trascienda la gestión de un jerarca ministerial y de su equipo”, explicó la senadora Xavier.

Si bien la Comisión de Salud Pública del Senado tiene ante sí otras prioridades, como considerar la iniciativa de descentralización de la Administración de Servicios de Salud (ASSE) del Estado, que ya aprobada por la Cámara de Representantes integra el paquete jurídico de la reforma de salud en curso, sus integrantes se comprometieron a continuar con el estudio iniciado el 3 de julio.

Del Primer capítulo, en el que se ubican los seis artículos ya aprobados, están apenas dos referidos a la coordinación interinstitucional en la ejecución de acciones y a la integración de los servicios de salud sexual y reproductiva en los programas generales de salud, sin que constituyan compartimientos estancos.

El próximo capítulo es el que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo.

DENUNCIAN NORMA INJUSTA

El 19 de junio, cuando un grupo de ciudadanas y ciudadanos le entregó 6 mil firmas de personas que reconocen haber violado la norma que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, ratificó su postura a favor de la despenalización del aborto y su apoyo a la aprobación del proyecto de ley que la contiene y se está discutiendo en la Comisión de Salud Pública del Senado.

En declaraciones a medios de comunicación, Nin Novoa expresó su convicción de que no haría falta “convencer” al presidente Tabaré Vázquez de que no vete una decisión legislativa en tal sentido como anunció reiteradamente.

“Respetamos las convicciones del presidente y él respetará las que tienen los demás”, dijo el también presidente de la Cámara alta, que se comprometió a entregar las firmas a la mencionada Comisión.

Las firmas en cuestión se juntaron a partir de una iniciativa ciudadana nacida de la indignación ante el procesamiento de una joven de 20 años que se practicó un aborto y fue denunciada por un médico al que consultó por complicaciones derivadas de la intervención insegura y clandestina.

La campaña se concretó a través de un blog colocado en Internet, donde se expresa: “El día 16 de mayo de 2007 una mujer uruguaya fue procesada por ?delito de aborto´. Los y las abajo firmantes hemos infringido la Ley 9763 de 1938 haciéndonos un aborto, financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada. O todas y todos somos delincuentes o esta ley es injusta”.

La lista de adhesiones incluye a ministras, legisladoras y legisladores, funcionarias y funcionarios públicos de alto rango, representantes de la academia y de las artes, intelectuales, activistas, periodistas y ciudadanía en general.

La recolección de firmas continúa en el bolg www.despenalizar.blogspot.com, pero diversos colectivos también han asumido procurarlas mediante el tradicional método de planillas distribuidas en distintos puntos de Montevideo.

07/IV/CV/GG

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