Diferentes organizaciones de mujeres y grupos feministas de Bolivia escribieron una carta al presidente Carlos Mesa Gisberth, en la que dejan claro que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y es obligación del Estado promoverlos y defenderlos. Dar marcha atrás sería un grave retroceso, opinaron.
Ello, en respuesta a la presión que ejercen representantes de la iglesia católica quienes hicieron pública su decisión de solicitar al mandatario, ejerza su derecho de veto para evitar la promulgación de la Ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, aprobada el pasado cinco de mayo por el Congreso Nacional.
En esa Ley «el Estado reconoce a todas las mujeres y los hombres sin distinción de clase, edad, sexo, género, origen étnico, opción sexual u otra, el derecho al goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos».
Esto significa que los órganos del Estado deberán proporcionar información, orientación y servicios de anticoncepción de calidad y adecuados a las necesidades de las y los bolivianos.
Además, acceso a servicios de salud de calidad, reserva y confidencialidad de los temas de sexualidad y reproducción consultados por las y los adolescentes y jóvenes y atención prenatal, de parto y posnatal.
También deberán entregar servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, VIH/Sida, hepatitis B y C; prevención y tratamiento de cáncer cérvico-uterino, de mamas y de próstata; prevención del embarazo no deseado; atención de calidad para tratar las complicaciones del aborto y sus defectos en la salud de las mujeres.
Orientación y servicios de anticoncepción post-aborto, orientación de la infertilidad y servicios multidisciplinarios adecuados para el tratamiento tanto de la violencia como de la menopausia y la tercera edad, difunde Mujereshoy.
Ante ello, el Arzobispo de La Paz, monseñor Edmundo Abastoflor, y el obispo de El Alto, monseñor Jesús Juárez, confirmaron a los medios de comunicación su insatisfacción por esta norma legal. La Iglesia cree que el contenido de la ley no es positivo para el país.
2004/GV
