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Retroceso jurídico, reforma que avala matrimonio a los 14 años

Por Gladis Torres Ruiz

Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, criticó que la reciente reforma en el estado de Chihuahua que avala los matrimonios de niñas de 14 años, cuando haya embarazo de por medio, pone en jaque el futuro de las menores de edad, y atenta contra la Constitución y los acuerdos internacionales signados por México.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la activista por los derechos de la infancia señaló que esa reforma aprobada da cuenta del desconocimiento de las y los legisladores de ese estado sobre los compromisos que México ha asumido en la materia, y las modificaciones constitucionales de 2011 en materia de Derechos Humanos (DH).
 
El pasado 18 de octubre el Congreso de Chihuahua reformó el Código Civil estatal para elevar la edad en la que las mujeres podrán contraer matrimonio, pasando de 14 a 16 años, y salvo que exista embarazo se permitirá a los 14. La iniciativa fue presentada por la diputada local Brenda Ríos Prieto, del Partido Verde Ecologista de México.
 
La legisladora argumentó que las modificaciones “permitirán garantizar la salud de las mujeres adolescentes, procurando además su beneficio educativo, económico y social, en condición de igualdad con los hombres; y por otro lado, dar cabal cumplimiento a las disposiciones internacionales adoptadas por México”.
 
La directora de Ririki señaló que las y los legisladores deberían dedicarse a trabajar para abatir el embarazo adolescente, garantizar que todas y todos los adolescentes tengan acceso a salud sexual y reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos, y no ha realizar reformas sin fundamento que reflejan “que no leen”.
 
Apenas el pasado 11 de octubre se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Niña, cuyo tema central en los países fue la erradicación de los matrimonios precoces.
 
“Preocupa mucho que no lean, que no conozcan las leyes mexicanas, que no conozcan los tratados internacionales, no sólo de la infancia, si no todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva”, insistió la activista.
 
Nashieli Ramírez apuntó que la reforma para legalizar el matrimonio precoz atenta contra el derecho de las y los adolescentes a la educación media superior, la cual ya es obligatoria.
 
Un matrimonio a esta edad coloca en jaque su futuro, ya que les niega sus derechos como el de la educación, asimismo genera discriminación, lo que las excluye de muchas oportunidades para tener un mejor futuro, sentenció.
 
Datos del IMSS en Chihuahua señalan que durante 2011 fueron atendidas mil 906 embarazadas menores de 19 años, 95 de ellas menores de 15 años.
 
Según la campaña “Las niñas también cuentan”, en México 11 mil 682 niñas de entre 10 y 14 años registraron un hijo en 2010; de ellas 244 tenían 10 años de edad.
 
Igualmente, 9 de cada 10 niñas entre 10 y 17 años que se convierten en madres dejan de ir a la escuela, y el porcentaje más alto de población de 12 a 14 años que está casada o en unión libre vive en el estado de Chiapas.
 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México el incremento en el número de embarazos no deseados ha llevado a que muchas niñas y adolescentes críen hijos, se casen o vivan en pareja. La mayoría de ellas habitan en zonas pobres y muchas son víctimas de violencia sexual.
 
Ramírez también observó que Chihuahua es el único estado del país que no tiene Ley de Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes.
 
Por separado en un comunicado, la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña, calificó la reforma como una “aberración jurídica”, ya que contraviene la Constitución y la Convención sobre los Derechos de la Niñez, e ignora las recomendaciones de la ONU para que se eleve la edad en la que las y los adolescentes puedan contraer matrimonio.
 
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que analizará si se puede realizar alguna acción para frenar dicha iniciativa, aunque llamó a que las mismas ciudadanas y ciudadanos de Chihuahua recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que la legislación entre en vigor.
 
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