A un año de que representantes de educación y salud de 31 países de America Latina y el Caribe, incluido México, acordaron en la Declaración Ministerial «Prevenir con Educación», fortalecer los esfuerzos de prevención del VIH/Sida al garantizar el acceso a servicios de educación y salud sexual y reproductiva de calidad e integrales, los retrocesos son mayores que los avances.
De acuerdo con José Aguilar Gil, coordinador de la Red, Democracia, y Sexualidad México (Demysex), en la región no está garantizado el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos como el acceso a anticonceptivos de emergencia, educación sexual, científica y laica, y tampoco a la interrupción legal del embarazo.
En conferencia de prensa, Aguilar Gil hizo un llamado para que los compromisos de la Declaración -signada por los 31 países en agosto de 2008- se lleven a cabo y que la «ola de acciones conservadoras» no influyan en las autoridades encargadas de hacer valer los derechos de la ciudadanía, además de que destacó que en este 2010 se cumple la primera etapa de la Declaración.
Cabe recordar que una de las premisas de esta Declaración es lograr que para 2015 haya una reducción del 75 por ciento en la brecha en el número de escuelas, bajo la jurisdicción de los ministerios de Educación, que no imparten educación integral en sexualidad; y en 50 por ciento, el número de adolescentes y jóvenes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva.
José Aguilar explicó que en este periodo los gobiernos deberán evaluar los programas de educación pública para determinar cómo incorporar la educación integral sobre sexualidad y actualizar los contenidos y metodologías didácticas, de tal manera que para 2015, la formación magisterial incorpore los contenidos de la nueva currícula.
Entre los retrocesos de México se enlista la influencia de la iglesia católica y las fuerzas conservadoras en temas como la cartilla de salud, la interrupción del embarazo, programas de educación sexual en las escuelas y la anticoncepción de emergencia, señaló Aguilar Gil.
Este panorama es similar al de Perú, donde se considera que la anticoncepción es aborto, por lo cual sólo se permite en el matrimonio y con fines reproductivos, restringiendo así el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, afirmó María Ragúz, de la Universidad Católica de Perú.
La injerencia de la religión es común en toda la región pero en Guatemala es aún más evidente. De acuerdo con José Roberto Luna, representante de la organización Iniciativa Civil para la Democracia Joven (Incide Guatemala), no se respeta el Estado laico cuado los jerarcas católicos interponen amparos a las layes por considerarlas contrarias a la familia y editan textos para las escuelas donde se fomenta la discriminación.
Asimismo destacó que se tiene registro de embarazos en niñas desde los 10 años por violación sexual e incesto, a pesar de que desde 2005 esta vigente la Ley de planificación familiar.
Por su parte Andrea Vanesa Mariño, integrante de la Fundación de Estudios de la Mujer, recalcó que a pesar de que Argentina es uno de los países más avanzados en el tema, enfrenta grandes desafíos como reglamentar la Ley de violencia de género, la cual reconoce la violencia obstétrica y educativa, pero que no se aplica de forma eficaz por la falta de una «traducción de políticas públicas».
10/AGM/LGL
