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Revertiremos desastrosa política de Bush sobre anticoncepción

Por Redaccion

La restauración del financiamiento de Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que brindan servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres fue celebrada por la International Planned Parenthood Federation (IPPF), informan el organismo en un comunicado.

El mismo día en que el presidente Barack Obama hizo tal anuncio, el pasado 23 de enero, con lo cual anuló la llamada Política de la Ciudad de México que impedía al gobierno estadounidense otorgar fondos para planificación familiar, IPPF afirmó que el Presidente «convierte la ideología en hechos concretos al revocar la «desastrosa» política de Bush».

La Política de la Ciudad de México (también conocida como «la regla de la mordaza») recuerda el comunicado, se reinstauró en 2001 y prohibía la concesión de fondos estadounidenses para la planificación familiar a ONG extranjeras que utilizasen sus propios fondos para: ofrecer servicios de orientación y derivación para la práctica del aborto, incluso en aquellos países en los que el aborto es legal; abogar por la legalización del aborto o por hacerlo más accesible en sus países, incluso cuando fuese a petición de sus propios gobiernos; practicar abortos en casos de embarazos que no pusiesen en peligro la vida de la mujer y que no fuesen el resultado de una violación o un incesto.

No obstante, se permitía abogar por los principios antiabortistas, lo cual destacaba la naturaleza ideológica de la Política de la Ciudad de México.

Gill Greer, directora general de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, declaró: «Durante ocho largos años, la Administración de Bush utilizó la ‘regla de la mordaza’ como un instrumento político en perjuicio de las mujeres más pobres del mundo. Al anular esta política desastrosa e injusta, el presidente Obama ha llevado a Estados Unidos de nuevo hacia el consenso internacional sobre la salud de la mujer y ha comenzado a reparar el daño causado en los últimos ocho años.

LOS DAÑOS

La IPPF calcula que durante el Gobierno de Bush perdió al menos 100 millones de dólares que se habrían destinado a los servicios de salud reproductiva y sexual y de planificación familiar que tantas vidas salvan y que brindan a sus comunidades nuestros miembros nacionales de base en más de 100 países en desarrollo.

De acuerdo a cálculos aceptados internacionalmente, estos fondos habrían evitado 36 millones de embarazos no deseados y 15 millones de abortos provocados. Resulta todavía más terrible saber, abunda el comunicado, que se podría haber salvado la vida de 80 mil mujeres y de 2.5 millones de niñas y niños. Este es el verdadero legado de la Política de la Ciudad de México, sentencia el comunicado.

La «regla de la mordaza», y la peligrosa ideología que la respalda, coloca a las ONG no estadounidenses en una situación insostenible al obligarlas a elegir entre llevar a cabo su labor para mejorar la salud y los derechos de la mujer o perder la financiación que obtienen de Estados Unidos.

La normativa habría impuesto a los médicos de la IPPF restricciones contrarias a la ética y a la seguridad al exigirles que no brindasen a sus clientes la información médica necesaria, con lo que estarían traicionando la confianza que sus comunidades depositan en ellos. Esta «mordaza» atenta contra la libertad de expresión de un modo que, si se quisiese implantar en Estados Unidos, se declararía inconstitucional.

EFECTO DEVASTADOR

La «regla de la mordaza» ha tenido un efecto devastador sobre el alcance y la eficacia de los servicios de planificación familiar, anticoncepción y salud sexual en todo el mundo, particularmente en África, donde tan solo un 18 por ciento de las mujeres tiene acceso a métodos anticonceptivos modernos, a diferencia del 56 por ciento que se observa en el resto del mundo en desarrollo. El cese de la financiación para la IPPF y otras asociaciones ha contribuido a esto de forma directa.

Cuando la Asociación de Planificación de la Familia de Ghana (PPAG, por sus siglas en inglés), una asociación africana pionera en el área de la salud reproductiva y sexual, perdió la financiación estadounidense para sus programas rurales, la distribución de condones disminuyó un 40 por ciento de la noche a la mañana, lo que repercutió sobre los programas de planificación familiar y prevención del VIH.

Además, 38 mil mujeres que habían estado recibiendo anticonceptivos de la PPAG dejaron de tener acceso a los mismos, y otras 20 mil niñas, niños y mujeres perdieron la posibilidad de acceder a servicios de salud materna e infantil.

Todavía, en el año 2009, no se ha podido recrear la red de distribución que la PPAG había establecido en las áreas rurales de Ghana antes de la instauración de la «regla de la mordaza» y los casos de abortos peligrosos han aumentado hasta un 50 por ciento en algunas zonas.

Gill Greer añadió: «La Política de la Ciudad de México ha causado un daño enorme y un sufrimiento inimaginable a millones de personas en todo el mundo; ha debilitado sistemas sanitarios y ha puesto en peligro la vida y la salud de las mujeres más pobres y vulnerables del planeta al negarles el acceso a los servicios vitales de planificación familiar, de salud sexual y reproductiva y de prevención del VIH, y al dejarlas expuestas a los riesgos de las prácticas abortivas poco seguras.

Peor aún, continúa el texto, la Política sentó las bases para que la Administración de Bush lanzase un ataque coordinado contra los derechos reproductivos que reprimió el debate en el ámbito internacional, incluso en lo referente a la planificación familiar, y dio marcha atrás a lo que se había logrado en materia de la salud y los derechos de la mujer.

Ante ello, la IPPF celebra el compromiso del presidente Barack
Obama con la eliminación de las políticas que perjudiquen a las mujeres y desea colaborar con su Gobierno a fin de abrir una nueva página en el área de la salud de la mujer».

En 2001, cuando se reinstauró la Política de la Ciudad de México, la Comisión Europea y varios gobiernos donantes comprendieron que las consecuencias sobre los servicios sanitarios serían devastadoras en todo el mundo y aumentaron la financiación con la finalidad de cubrir algunas de las pérdidas, pero no todas, que supondría el cese de la financiación estadounidense.

El resultado fue que se cerraron clínicas, se perdió personal médico y se redujeron los servicios de planificación familiar, salud sexual y reproductiva y prevención del VIH, lo que perjudicó a muchas comunidades de países en desarrollo.

09/GG

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