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Revés legal contra tlapaneca violada por militares

Por Miriam Ruiz

La negación del amparo a Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca violada por militares en febrero del 2002, para que su caso pase de los tribunales militares a los civiles, representa un revés judicial importante, afirmó hoy su abogado, Mario Patrón.

La denegación de justicia a Valentina sigue el mismo patrón que la totalidad de los casos en los que mujeres indígenas acusan a integrantes del ejército mexicano de violación sexual, explicó Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Abundó en que la Secretaría de la Defensa Nacional acepta su presencia en las fechas e inmediaciones señaladas por la denuncia pero niega la agresión.

De acuerdo al fallo del Juzgado Quinto “B” sobre amparos en esta ciudad, así como a las leyes castrenses y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la indígena de 17 años habitante de Caxitepec, en una de las zonas marginadas del país, tendría que aportar más pruebas de la agresión.

Mario Patrón explicó que a la agresión sexual perpetrada por ocho soldados, se agrega “una cadena de múltiples violaciones que al día de hoy suman la negación total de la justicia”.

Primero, la Procuraduría Estatal de Justicia de Guerrero actúo de manera negligente al tardar un mes con siete días en designar la agencia del Ministerio Público que investigaría las agresiones.

“El ocho de abril del 2002, el subprocurador de Procedimientos Penales, Miguel Barreto Sedeño, emitió el oficio 0676 dirigido al Ministerio Público investigador solicitándole que analizara la posibilidad de abdicar la competencia a favor del fuero militar por la participación de soldados,” indicaron en la conferencia.

El 15 de mayo del año pasado el ministerio público del fuero común especializado en delitos sexuales y atención a víctimas de violencia intrafamiliar con sede en Tlapa, Guerrero, resolvió la averiguación previa turnándola a la procuraduría militar que le exige aportar pruebas bajo el artículo 38 de su código.

Mientras, la CNDH cerró ya el expediente de Valentina Rosendo argumentando que faltan elementos para comprobar el delito siendo que la primera violación de los derechos humanos de la tlapaneca es la falta de una investigación a fondo, señaló Patrón.

Dada la ilegalidad en que una persona civil esté involucrada en un juicio militar, el equipo legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” pedirán la revisión de negación de amparo ante un tribunal colegiado.

Para el director de Prodh, Edgar Cortez, resulta preocupante que las cada vez más numerosas y poderosas fuerzas armadas quieran juzgar bajo su ley y que las autoridades civiles estén listas a ceder su fuero: “han renunciado de manera voluntaria para no confrontarse con la institución militar”.

2003/MR/MEL

       
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