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Revisar expediente de Patricia Romero, urge OMCT a autoridad

Por Redaccion

La Organización Mundial Contra las Tortura (OMCT) llamó urgentemente a las autoridades mexicanas a liberar y garantizar la seguridad e integridad física de Patricia Romero Hernández, la última mujer que sigue presa en el penal Molino de Flores desde mayo de 2006, tras los operativos policíacos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, realizados contra campesinas y campesinos floristas y temporaleros.

La OMCT, creada en 1986 y reconocida como la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, exhortó a los jueces Tercero y Primero de lo Penal del Estado de México a revisar el expediente de Romero Hernández, acusada de los delitos de lesiones, ultrajes a la autoridad y portación de arma prohibida.

En un comunicado fechado en Ginebra, sede de la OMCT, pidió también la revisión de los expedientes del padre y del hijo de Romero Hernández, también aprehendidos durante los operativos de mayo de 2006 y acusados de los mismos delitos que a la mujer, y a que se observe el debido proceso antes de dictar una sentencia.

3 DE MAYO

El día de su aprehensión, 3 de mayo de 2006, alrededor de las 7:15 horas María Patricia estaba en el negocio de su padre, Raúl Romero Macías, ubicado en el mercado Belisario Domínguez, Texcoco, cuando policías municipales comenzaron a agredir a floristas y temporaleros.

María Patricia pudo observar que su hijo, Arturo Sánchez, se dirigía hacía el negocio para despedirse de ella antes de irse a una excursión escolar. Sin embargo, al ver las agresiones de los elementos policíacos, Arturo sacó una cámara que traía con él y comenzó a grabar.

En ese momento el subdirector de la Policía Municipal de Texcoco, Sergio González Romero, quien se encontraba en el lugar lo detuvo agarrándolo de la chamarra y dijo: “Rómpanle la madre a este hijo de su puta madre”. María Patricia corrió para tratar de cubrir a su hijo y así evitar que lo golpearan, pero varios policías se lo impidieron jalándola de los cabellos y propinándole golpes y patadas.

Mientras era golpeada vio que su padre Raúl Romero se acercó para reclamar que cesaran su agresión, pero en respuesta empezaron a golpearlo a él también.

Luego de golpear a las tres personas, les arrebataron todas sus pertenecías, los esposaron y trasladaron de manera violenta en una camioneta marca pick up color rojo hacía la Subprocuraduría de Texcoco. Durante el trayecto, mujeres policías se pusieron una manopla envuelta en un trapo y entre dos golpearon a María Patricia en la espalda y cadera.

En las instalaciones de la Subprocuraduría, un médico legista le ordenó quitarse la ropa y colocar los brazos frente a la pared, agachar la cabeza y cerrar los ojos. En ese momento le propinaron un gran golpe en la espalda a la altura de los hombros y le gritaron: “para que aprendas, pendeja”.

Posteriormente, la regresaron a los separos, donde estaban su padre e hijo. A las 16:00 horas los sacaron para que rindieran su declaración. Les informaron que un policía la acusaba de cometer un delito, por lo cual ella se reservó el derecho de declarar, negando los hechos que se le imputaban.

Alrededor de las 20:30 horas trasladaron a las tres personas a la Procuraduría de Toluca y durante el trayecto siguieron golpeándolos, lo cual continuaron haciendo en ese lugar. Les pidieron también sus datos personales y a golpes los trasladaron a las tres personas al Centro de Readaptación Social conocido como “Santiaguito”.

DETENCIONES ILEGALES Y TORTURA

Diversas organizaciones de derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) ha informado sobre contradicciones por parte de los policías que señalan a María Patricia y sus familiares como culpables de esos delitos (Cimacnoticias, 6 agosto 08).

Durante el operativo policíaco, una “barbarie cometida por los tres niveles de gobierno en un acto concertado”, afirmó el Centro Prodh, se ejecutaron innumerables violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales, irrupción de domicilios particulares sin órdenes de cateo o aprehensión.

Más de 200 personas fueron sometidas a tortura, incluida la tortura sexual cometida contra las mujeres, quienes denunciaron el abuso, sin que a la fecha ninguno de los policías agresores haya sido castigado y como lo ha venido informando esta Agencia.

Hay, incluso, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada en abril pasado por 11 de las 26 mujeres violadas sexualmente en Atenco, y otra querella más ante la Audiencia Nacional Española, presentada en enero de este año por la ciudadana española Cristina Valls, víctima también de tortura sexual, contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y la violación como método de tortura contra las mujeres.

La OMCT, con esta acción urgente a favor de Patricia Romero, se sumó al llamado que han hecho otras organizaciones civiles mexicanas y de las propias víctimas de violencia sexual por parte de los uniformados estatales, municipales y federales, para que la liberen junto con sus familiares y para que le proporcionen atención médica, pues se ha insistido que desde que ingresó al penal, pese a haber recibido numerosas golpizas por parte de la policía, nunca ha sido revisada ni atendida.

Asimismo, según han denunciado ONG y ex compañeras de Patricia Romero en la prisión, ésta ha recibido constantes amenazas, por lo que la OMCT nuevamente urge a garantizar su seguridad y protección dentro del penal, así como la de su padre e hijo.

Es por eso que la OMCT se manifiesta y llama también a la sociedad civil a enviar cartas a las autoridades mexicanas, a los jueces y al director del penal, para que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Patricia Romero, sus familiares y de todos los que permanecen presos en el penal como consecuencia de los operativos de San Salvador Atenco.

Asimismo, que se lleve a cabo una investigación completa, inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los delitos cometidos contra Patricia Romero, su padre y su hijo, y contra los demás detenidos antes, durante y después del operativo, relativos a tortura y malos tratos por parte de policías con el fin de identificarlos y llevarlos a los tribunales, dice la OMCT.

Pide también reparación del daño y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, en particular la Convención contra la Tortura.

La OMCT está conformada por 282 organizaciones distribuidas en todo el mundo, asociadas a la Red SOS-Tortura, y por miles de corresponsales en todos los países, la OMCT es la red activa más importante de organizaciones no gubernamentales en el campo de la protección y la promoción de los derechos humanos en el mundo.

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