Cuando ya ni se acordaban del caso Providagate, el juez decimotercero de distrito en Materia civil revive el caso al sentenciar a esta organización a regresar al erario público 14 millones 188 mil pesos más sus intereses, de los 30 millones que se le asignaron, discrecionalmente, en el presupuesto de 2003.
Según el diario Reforma, en su publicación del domingo, tras cinco años de juicio, Provida deberá regresar ese dinero y sus intereses respectivos a partir del 15 de noviembre de 2005 y hasta saldar la cuenta, de lo contrario el juez podrá ordenar multas y arresto o ejecutar la sentencia sobre sus bienes y cuentas.
El Providagate, como se le calificó, evidenció los puntos débiles de lo que es la asignación de recursos públicos. El trabajo que realizaron seis organizaciones civiles a través de una auditoría ciudadana dejó claro la escasez de reglas y mecanismos para la reasignación del presupuesto, la discrecionalidad con la que se manejan los recursos.
Esa discrecionalidad con la que se maneja la Cámara de Diputados pareciera seguir viva por ejemplo en los recursos para viajes internacionales que realizan legisladoras y legisladores (Anayeli García, cimacnoticias julio 6, 2010). Pareciera que la lección del Providagate aún no cae del todo entre quienes representan al pueblo.
Recordemos que la asignación de los recursos federales a Provida se logró en la Comisión de Presupuesto, presidida por Luis Pazos, después de que el presupuesto de la federación fue aprobado en el pleno.
Luis Pazos jamás tuvo una sanción ni amonestación, ni él, ni ninguno de los integrantes de la Comisión legislativa que aprobó el recurso, por el contrario, Pazos fue designado presidente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), al término de su legislatura y hoy preside la Condusef, bajo el cobijo de Felipe Calderón, con quien compartió la legislatura cuando Calderón presidió la bancada del PAN.
La posible sanción pecuniaria que llega hoy para Provida, llega tarde, pese a todas la evidencias sobre el mal uso de los recursos del erario público hechos por Provida, producto de la auditoría ciudadana conformada por seis organizaciones, jamás pudieron fincarse responsabilidades penales porque cuando por fin el gobierno aceptó el mal uso de los recursos, después de la intervención de la Auditoria de la Federación Pública, ya el delito había prescrito.
Pese a la tardanza de la justicia, el Trabajo realizado por Equidad y Género, Fundar, Sipam, LetraS, Gire y Consorcio, puso en evidencia la doble moral con la que se maneja no solo Provida, sino Serrano Limón, con una mano sataniza a quienes defendemos los derechos humanos de las mujeres y con la otra maneja para su beneficio el recurso público.
El caso Provida no nació en 2005, en 2003 se entregaron 30 millones de pesos a la organización Provida no entiendo porqué solo se pedirán los intereses a partir de 2005, que pasa con los dos años anteriores, o fue el cochinito que se le concedió a provida.
Para el seguimiento del caso visita: /especiales/providagate/index.html
* Periodista mexicana, directora general de C IMAC
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