Violaciones, torturas, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas de sus padres, esposos, hermanos e hijos, son algunos de los horrores que vivieron las mujeres de Guerrero y otros estados del país durante la «guerra sucia», la lucha contrainsurgente que emprendió el Estado mexicano contra sus opositores en las décadas de los 60, 70 y 80.
La dimensión del plan genocida instrumentado por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, se revela por primera ocasión, en el borrador de un informe sin precedentes de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en este sexenio para esclarecer lo ocurrido durante la «guerra sucia».
Historias como la de Aurora de la Paz Navarro, detenida hace 30 años por el entonces mayor Arturo Acosta Chaparro y recluida en el campo militar número 1, no obstante su evidente embarazo, sin que hubiera vuelto a saberse de ella, son desmenuzadas en el documento como evidencia de los delitos de lesa humanidad que cometieron los más altos mandos civiles y militares del país, en el afán de aplastar la insurrección popular. El siguiente extracto es un ejemplo:
«En Tlaxcalixtlahuaca el ejército llegó a la milpa de Custodio Altamirano Olivera, donde lo patearon y le quebraron tres costillas, exigiéndole que entregara a Genaro.97 Sixto Flores Vázquez junto con Marcial Juárez Castro fueron llevados a Pie de la cuesta –durante 9 días y durante 4 meses al Campo Militar Número 1.»
Los hermanos Adelaido y Leónides Mauricio Arriaga fueron tan severamente torturados que Léonides, murió cuando lo estaban atendiendo sus familiares. Adelaido, quien se salvó de milagro porque se rompió la cuerda con la que lo colgaron, padeció las secuelas de la tortura por el resto de su vida.
Se tiene reporte de que el Estado Mayor también torturó a Pedro Rentería Cerón».
Y así continúa el reporte, desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, obligarlos a beber gasolina, romperles los huesos, introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a violaciones tumultuarias y otras vejaciones, toques eléctricos en los genitales, introducción de mangueras en el ano para llenarlas de agua, eran algunas de las instrucciones de los altos mandos para «interrogar» a los y las detenidos.
El Ejército no dejó fuera de la lista ninguna violación a los derechos humanos: torturó a hombres, mujeres, ancianos y niños por igual; practicó detenciones ilegales, arrebató a los hijos de sus madres y obligó a éstas a presenciar su tortura, arrasó comunidades, incendió cosechas, bombardeó pueblos enteros, ejecutó prisioneros y arrojó sus cuerpos al mar.
Las historias y la saña no son desconocidas. Han sido repetidas durante décadas por los sobrevivientes de la pesadilla en su demanda de justicia. Pero, hoy, todos esos testimonios y evidencias han sido reunidos en un documento exhaustivo, elaborado durante cuatro años por un grupo de 27 investigadores por instrucciones de la Femospp.
Esta mañana, el periódico New York Times publica el informe que se encuentra en la página de la organización no gubernamental estadunidense National Security Archive (NSA), misma que decidió difundir el documento ante lo que considera un intento del fiscal Ignacio Carrillo Prieto por «limpiar» el informe final, que le fue entregado el 15 de diciembre de 2005.
El informe documenta cómo, entre 1964 y 1982, cientos de ciudadanos mexicanos – tanto civiles inocentes como militantes armados—fueron asesinados o «desaparecidos» por fuerzas militares y de seguridad, particularmente en Guerrero. Miles más fueron torturados, ilegalmente detenidos, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades.
A los nombres de los responsables ya conocidos: Echeverría, los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo, el secretario de defensa Hermenegildo Cuenca Díaz, Mario Moya Palencia, Luis de la Barreda y otros tantos que han sido acusados y siguen impunes, se suman, por primera ocasión, los de responsables de zonas militares, destacamentos, grupos de tareas, cárceles militares y prisiones clandestinas.
La evidencia acumulada deja clara la responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad, en contradicción con la defensa que ha pretendido hacer de la institución en varias ocasiones el Fiscal Carrillo Prieto, quien casi desde su nombramiento mantuvo la tesis de que los responsables son los individuos, no las instituciones.
Los responsables de esas atrocidades tienen ahora, nombre y rostro, y persiste el clamor no atendido hasta ahora porque tengan también castigo.
06/MLG/LR
