La Comisión de Acceso a la Información (CAIP) obligó a la Procuraduría General de Justicia a abrir sus expedientes y ofrecer la lista de asesinatos de mujeres no resueltos en el estado de Puebla desde el año 2000 y la de mujeres desaparecidas de 2005 a la fecha.
También exigió a la Secretaría de Finanzas revelar los inmuebles rentados por el Gobierno del estado desde febrero de 2005 hasta febrero del 2009 en donde aparezca el monto de la renta, costo mensual de cada uno y el uso al que es destinado.
Durante la Sesión Ordinaria del Pleno, el comisionado presidente, doctor Samuel Rangel Rodríguez, y los comisionados maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena y el maestro Antonio Juárez Acevedo, resolvieron 16 expedientes de recurso de revisión, la que incluyó el develamiento del expediente de los gastos que hizo el Gobierno del estado sobre gastos por fiestas navideñas.
El argumento de que la Procuraduría General de Justicia que esta información era reservada por ser averiguaciones previas, fue revocada. «Estos datos se boletinan, las averiguaciones previas son incluso enviadas a las redacciones. La PGJ no debe temer a difundir esta información e incluir la lista de asesinatos no resueltos y saber por qué ha sido así, cualquier ciudadano tiene derecho a saber qué hacen sus autoridades», adujo el Comisionado Antonio Juárez Acevedo.
El comisionado también refirió el Artículo 19, de la Ley Orgánica de las Facultades de la PGJ: «es obligación de la PGJ dar información de las personas desaparecidas a quien lo solicite».
La CAIP señala que se tiene 10 días para dar repuesta a la petición con número de expediente 20/PGJ -01/2009, relacionado con asesinatos de mujeres aún sin resolver.
Entonces estamos ordenando que se libere toda la lista de mujeres desaparecidas en el año 2005 a la fecha, que consta de 82 hojas de manera completa. Por lo tanto, el sentido de la resolución es una revocación parcialmente, por lo que hace la lista de homicidios, porque es una versión pública, por eso la revocación es parcial y una revocación total de la lista de mujeres desaparecidas en el estado.
La CAIP consideró que, en el caso de la lista de homicidios, dar a conocer las actividades y el domicilio de la víctima pudiera poner en riesgo la investigación y la seguridad de los familiares. Por lo tanto, exhorta a la PGJ que haga pública parte de la información solicitada.
Aquí es interesante ver cómo no es un recurso de revisión sobre recursos públicos, sino de las actividades que llevan a cabo las autoridades y, por lo tanto, los ciudadanos en este caso, no hay razón de la negativa, mencionó Juárez Acevedo.
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