Riesgo de que los casos de las indígenas violadas pasen al fuero militar

DERECHOS HUMANOS
    Muestra de que el gobierno estatal protege a los militares
Riesgo de que los casos de las indígenas violadas pasen al fuero militar
Por: Rafael Maya
cimac | México.- 17/05/2002

Las investigaciones que se siguen para detener a los militares responsables de las violaciones de dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero están plagadas de irregularidades y actitudes discriminatorias contra las víctimas, además de que existe el temor de que las pesquisas pasen del fuero civil al militar.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que los casos de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Hernández Ortega, violadas en sus comunidades por soldados los pasados 16 de febrero y 22 de marzo, respectivamente, "no están recibiendo la atención adecuada y expedita" por parte de las autoridades civiles del estado de Guerrero.

En entrevista con cimacnoticias el activista explicó que las investigaciones para determinar a los responsables de los crímenes están suspendidas, ante el incumplimiento y la actitud discriminatoria de las autoridades correspondientes.

En el caso de Inés aún falta el dictamen médico que "sería la prueba fundamental de que ocurrió la violación; de lo contrario la denuncia se viene abajo".

Esto en virtud de que el director del hospital del municipio de Ayutla de Los Libres, Jesús Ureña Vega, al no contar con el equipo necesario para el análisis de las laminillas, las envió a las autoridades sanitarias en Chilpancingo. Como a la fecha aún no están los resultados, Ureña argumenta que no puede elaborar un dictamen que compruebe el crimen.

"Tlachinollan va a exigir que el agente del ministerio público en el distrito de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Concepción Barragán Alonso, multe al director del hospital por atrasar intencionalmente el dictamen. Aunque también la autoridad judicial le está haciendo el juego de esperar pacientemente los resultados", advirtió Barrera Hernández al tiempo que agregó que las autoridades civiles actúan con negligencia y "tienen línea" para obstruir las investigaciones.

Sobre las pesquisas en torno a la violación de Valentina, el ministerio público especializado en delitos sexuales con sede en Tlapa, se niega a entregarle a la víctima una copia del expediente del caso con el que se podrían recaudar nuevos testimonios y pruebas en favor de la indígena tlapaneca.

"La autoridad argumenta que no entregará copia del expediente en tanto Valentina no acuda a Tlapa a ratificar su denuncia. Esta es otra acción de negligencia, porque el ministerio público sabe lo difícil que es para los habitantes de La Montaña trasladarse a esa localidad, por la escasez de transporte y el recorrido que dura más de tres horas."

El director de Tlachinollan también alertó que el ministerio público pretende turnar el caso a la justicia militar, pese a que aún faltan declaraciones de otros testigos.

"Esto nos demuestra que hay demasiada protección por parte de las autoridades del estado hacia los elementos del ejército, lo mismo que el poder civil está supeditado a los mandos militares en la procuración de justicia."

A todo este panorama adverso se agrega el ambiente de intimidación que provoca la presencia de autoridades militares y efectivos en la región, quienes efectúan investigaciones paralelas a las del fuero civil en las localidades de Barranca Tecuani y Barranca Bejuco, en donde ocurrieron los hechos.







       
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