La abogada Bárbara Zamora rindió una declaración esta tarde en su oficina del Bufete Jurídico «Tierra y Libertad» ante personal del Ministerio Público, esto debido a la amenaza que recibió en su correo electrónico el pasado 18 de marzo.
La advertencia, cuyo mensaje hacía alusión a «choques, accidentes, abogados, urgencias…», es la primera que recibe tras el asesinato de Digna Ochoa, anunció la abogada en un mensaje enviado a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez.
Sin embargo, resulta preocupante por la similitud que presenta con los mensajes que recibieron las abogadas Digna Ochoa y Pilar Noriega en 1996, las cuales, entre otras cosas, presentaban recortes de periódico que hablaban de una «colisión entre una camioneta y un automóvil» y de «condolencias».
Por tal motivo, alrededor de las 18:30 del pasado 19 de marzo, Bárbara Zamora presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), lugar donde se entrevistó con el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, mientras era acompañada de miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
En cuánto a la declaración de procurador capitalino, Bernardo Bátiz, quien afirmó no creer en que sean «amenazas» las recibidas por la abogada, Zamora señaló que se trata de una afirmación frívola debido a la falta de investigaciones dentro de este caso.
Dentro de este contexto, durante una entrevista concedida a la prensa, la abogada apuntó que la información que entregó el miércoles pasado a la PGJDF sobre las amenazas recibidas, se trata de datos que ella y otras personas han reunido, no a alguna investigación que la dependencia haya llevado a cabo, por lo que le molesta que dicha información se haya hecho pública.
Respecto a las medidas de precaución que ha tomado, la abogada asegura que sólo cuenta con un guardia en la entrada de su despacho permaneciendo así, el sistema de circuito cerrado sin funcionar.
Cabe recordar que Bárbara Zamora, Pilar Noriega y Digna Ochoa, compartían el bufete y varios de los casos sobre defensa a campesinos y estudiantes, en particular en el estado de Guerrero, hacia donde apunta una de las líneas de investigación sobre la muerte de Ochoa.
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