Ante los «abrumadores» informes sobre los asesinatos de los periodistas Amado Ramírez y Misael Tamayo, ocurridos en el estado de Guerrero, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) afirma en un comunicado que, en el mejor de los casos, el Ministerio Público y la policía de la entidad, ubicada al sureste del país, «son culpables de laxismo e incompetencia» y, en el peor, «de obstaculizar deliberadamente a la justicia, a la que deberían servir y representar».
Por tanto, RSF espera explicaciones de las autoridades gubernamentales y judiciales del estado sobre dichos crímenes. El primero, contra el corresponsal del canal nacional privado Televisa en Acapulco, a quien mataron en esa ciudad el 6 de abril de 2007. El segundo, cometido contra el director del diario regional El Despertar de la Costa, que apareció sin vida el 10 de noviembre de 2006, en habitación de un motel situado a la salida del municipio de Ixtapa Zihuatanejo.
Los documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH ) dan cuenta de increíbles irregularidades en la forma de llevar a cabo las investigaciones, dice RSF.
Las autoridades del estado de Guerrero deberían estar interesadas en responder cuanto antes a las solicitudes y recomendaciones de la CNDH», advierte la organización.
Y se pregunta: ¿estaban las autoridades al corriente de las amenazas que pesaban sobre la vida de los periodistas? ¿Por qué entonces ignoran las posibles relaciones entre los asesinatos y la profesión de las víctimas? ¿Tienen algo que ocultar que los periodistas hubieran descubierto o sabido, en una región donde causan estragos el narcotráfico y el crimen organizado?
Las investigaciones administrativas, recomendadas por la CNDH, no son suficientes, dice RSF. «Y la justicia federal debe tomar el relevo en la instrucción de ambos casos.
En su informe del 14 de enero relativo al caso de Amado Ramírez, detalla RSF, la CNDH constata que se ha ignorado la pista profesional, cuando el periodista había recibido amenazas antes de su muerte. El Ministerio Público del estado de Guerrero ha optado por la pista personal, y habla de una venganza provocada por una relación adúltera de la víctima. Los informes de la autopsia, y las declaraciones de algunos testigos del asesinato han sido manipulados, según la CNDH.
Más grave aún, Leonel Bustos Muñoz y Genaro Vázquez Durán, los dos sospechosos detenidos el 10 de abril de 2007, cuatro días después de los hechos, han sufrido tortura física y psicológica destinada a conseguir que confesaran.
El 2 de junio, la policía puso en libertad a Leonel Bustos Muñoz, pero mantuvo en la cárcel a Genaro Vázquez Durán a pesar de que el 14 de noviembre le había exculpado Salvador Cabrera, uno de los testigos del crimen que, por otra parte, se ha quejado de presiones de los funcionarios de la fiscalía.
En sus recomendaciones, recuerda RSF, la CNDH ha pedido la apertura de una investigación administrativa, en relación con los cinco agentes del Ministerio Público y los efectivos de la policía ministerial movilizados en este caso.
El informe de la CNDHsobre el caso de Misael Tamayo Hernández, hecho público el 30 de diciembre de 2007, concluye que la investigación se ha efectuado de manera irregular y deficiente.
La policía sigue sin interrogar a las personas cercanas a la víctima, y sin analizar algunos indicios, como las llamadas telefónicas efectuadas por el periodista justo antes de su desaparición –en una carretera que une los estados de Guerrero y Michoacán–, o los pagos efectuados con su tarjeta de crédito después de su muerte. También en este caso, la CNDH recomienda que se efectúe una investigación interna en el Ministerio Público y en la policía, concluye RSF.
08/GG/CV
