¡Si no hay solución, habrá revolución! ¡Adelante, adelante que la lucha es constante! ¡Zapata vive, la lucha sigue!, fueron las consignas que hoy habitantes del municipio de San Salvador Atenco, estado de México, hicieron oír en el Archivo General de la Nación (AGN).
Al continuar los trabajos del Diálogo por una Política de Estado Para el Campo, América del Valle externó que su presencia es para exigir al secretario de Gobernación, Santiago Creel, «la libertad absoluta para mujeres y hombres que defendimos la tierra, el cese al hostigamiento a la población y la indemnización a la familia de Enrique Espinosa, muerto a raíz del conflicto».
Del Valle, hija de uno de los dirigentes tomados presos (Ignacio del Valle), a raíz del conflicto originado por el decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2001 que afectaba las tierras ejidales de 13 comunidades, entre ellas las de San Salvador Atenco, para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, afirmó que de no cumplirse las demandas no habrá elecciones en ese municipio.
Señaló que el gobierno del Estado de México, encabezado por Arturo Montiel, del Partido Revolucionario Institucional, «se ha hecho de la vista gorda, tiene oídos sordos. No, nos ha hecho caso. Por eso estamos aquí, para plantear nuestras demandas».
Advirtió que los ejidatarios de San Salvador Atenco no van a permitir más engaños y una forma de presionar de los habitantes es no permitir la realización de las elecciones locales del próximo 9 de marzo, lo cual representaría la cancelación de 20 mil votos.
SOLUCION O MOVILIZACIONES
Dio a conocer que les han hecho varias citas fallidas, por lo que hoy, dijo, venimos a recoger una respuesta positiva. Si no hay una solución iniciaremos movilizaciones, porque «ya estamos cansados de engaños por parte del gobierno federal y estatal».
Para nosotros, reconoció, no es agradable estar aquí, interrumpiendo en este lugar, que debería ser de atención a las demandas que tienen nuestros pueblos, en particular, para la población campesina y jornalera de nuestro país.
Por su parte, Clemencia Guevara de la organización Frente de Defensa Popular del estado de Guerrero, denunció que el gobierno federal cuando dice que hay diálogo, la realidad es que a muchos campesinos «les siembran» delitos para que estén en la cárcel.
Exigió el esclarecimiento de la muerte de campesinos del estado de Oaxaca y Veracruz y pidió el traslado de Angel Guillermo Martínez González, preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, al estado de Guerrero.
Martínez, de 42 años de edad, está acusado de tener vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y está procesado por el atentado al regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco, Marco Antonio López García, en el que murió su hijo. RGL/MEL
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