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Salario mínimo y empleo informal

Por Clara Jusidman*
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Estas últimas semanas han sido muy intensas en acontecimientos y en información: las tomas de posesión de Enrique Peña Nieto y Miguel Mancera; la presentación de su respectivos gabinetes; lo ocurrido en las calles del Centro de la ciudad el 1 de diciembre donde las protestas de jóvenes fueron contaminadas por un vandalismo financiado por distintas fuerzas políticas; la firma de un Pacto por México que intenta mostrar una unidad en torno a una agenda de puntos de esas mismas fuerzas políticas, y la propuesta de reforma constitucional en materia de educación.
 
Todo esto después de al menos un mes de activismo mediático de Felipe Calderón en un cierre de gobierno en el que además de un incontable número de obras inauguradas o reinauguradas, hizo anuncios de yacimientos petroleros, repartió Águilas Aztecas a diestra y siniestra, nombró embajadores sin antecedentes suficientes, y dejó a dos nuevas embajadoras eméritas con gran disgusto de los miembros del servicio exterior de carrera.
 
En mi ya larga historia en la vida pública, no recuerdo Ejecutivo alguno que hubiera querido lavarse la cara antes de irse como quiso hacerlo Calderón.
 
Calderón incluso obligó a su obscura y desconocida secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, a utilizar el teatro llamado Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para generar un velado aumento del salario mínimo legal promedio a fin de que su sexenio no concluyera con una caída del salario mínimo real.
 
Más o menos desde 1996 las fijaciones anuales del salario mínimo legal habían conseguido mantener el valor real de dicho salario al mismo bajísimo nivel.
 
Ello debido a que finalmente han sido el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los que iluminan a la Comisión Nacional sobre cuál es la expectativa de inflación para el año siguiente y, por lo tanto, qué aumento “autorizan” para el salario mínimo.
 
La Comisión entonces realiza la ceremonia en su Consejo, donde participan representantes obreros y patronales, y llevan a cabo el rito anual de fijación de los salarios mínimos legales que estarán vigentes para el siguiente año.
 
Esta ceremonia se repite desde 1977 cuando la Comisión perdió su autonomía y se convirtió en títere de las autoridades hacendarias del país.
 
Ahora bien, en 1996 el salario mínimo legal real alcanzó su nivel más bajo representando tan sólo la cuarta parte de lo que era en 1976. Ese bajísimo nivel se había mantenido con ligeras fluctuaciones hasta mediados de 2012.
 
Pues bien resulta que el sexenio calderonista estaba en riesgo de quedar registrado en la historia como aquel donde el minisalario había tenido una nueva caída en su valor real, debido a los espectaculares incrementos en los precios internacionales de los alimentos en los últimos meses.
 
Entonces don Felipe, llamó a la señora Vélez Juárez y le dijo que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para evitar que su sexenio quedara en la historia como aquel donde el salario mínimo tuvo una nueva baja, rompiendo la tendencia mantenida ya por más de 15 años.
 
Ése es realmente el origen de esa rara noticia donde nos enteramos que el 27 de noviembre, tres días antes de que terminara el sexenio de Calderón, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos había decidido integrar la Zona B de salarios a la A provocando un aumento de 1.76 pesos al salario de esa zona B y convertir la anterior zona C en B.
 
Ese aumento de 1.76 pesos para algunas regiones del país como las áreas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara resultó suficiente para que el promedio general del salario mínimo, en términos de su valor real, no mostrara una caída al final del periodo calderonista.
 
Ni la señora Vélez, ni el presidente de la Comisión tuvieron el cuidado de “planchar” –como se dice en la jerga política– ese aumento con los representantes empresariales en el Consejo y eso originó una gran protesta pública por parte de éstos.
 
El resultado de este enredo es que hubo una fijación extraordinaria de salarios que nos pasó como bola rápida, bajo engaños y simulaciones y no como un acto de justicia social, sino para evitar una mancha más en la roja capa de fin de sexenio.
 
Pero para cerrar este comentario, el Inegi nos acaba de regalar con un nuevo cálculo de lo que ahora llama empleo informal de acuerdo a nuevas definiciones aprobadas en octubre pasado por la Oficina Internacional del Trabajo.
 
Con esta nueva definición, resulta que 29.3 millones de personas, el 60.1 por ciento de la población ocupada el país, tiene un empleo informal, es decir 6 de cada 10.
 
Finalmente se reconoce ahora que de esos 29 millones, 6.7 millones trabajan en empresas, gobiernos e instituciones sin protecciones de seguridad social y seguramente sin prestación alguna, violando la Ley Federal del Trabajo.
 
Sería el equivalente a lo que en otros países se llama el empleo subterráneo o de la economía sumergida. Son los trabajadores eventuales, a lista de raya o con contratos de honorarios que existen por miles en los gobiernos y en las empresas para evitar generar derechos y pagos por prestaciones.
 
La pregunta es ¿dónde ha estado la Secretaría del Trabajo? ¿No es a ella a quién tocaría velar y proteger los Derechos Humanos laborales de las personas? Un dato más para evidenciar la cortedad de la recientemente aprobada reforma laboral y la inutilidad de algunas instituciones de gobierno.
 
*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.
 
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