Aprobado por el gabinete ministerial uruguayo, el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos está pronto para ingresar al Parlamento y «saldaría» una deuda con las mujeres.
En su exposición de motivos, el proyecto de Ley advierte la urgencia de saldar la deuda que la democracia tiene con las uruguayas.
El articulado puntualiza los objetivos del primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que deberá elaborar y presentar el Consejo Rector de Políticas Públicas de Igualdad de Género en un plazo máximo de 160 días a partir de su instalación.
«El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género», prescribe el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos, después de declarar de interés
general las actividadades orientadas a su objeto.
Fundamenta, además, «la discriminación que sufren las mujeres uruguayas afecta los derechos humanos de toda la población. La imprescindible búsqueda de justicia social requiere la aplicación efectiva del principio de equidad».
El proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos, también plantea que las diferencias notorias en la distribución de poder entre mujeres y hombres provocan un déficit democrático y afectan el ejercicio de la ciudadanía.
El desarrollo sostenido –agrega el documento- necesita del capital humano de toda la población y de la mejora en la calidad de vida de las mujeres y los hombres, lo que requiere transformaciones profundas en las pautas culturales».
De esta conceptualización general se desprenden los objetivos del futuro Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que enumera el artículo Cuarto: garantizar el respeto y vigilancia de los derechos humanos de las mujeres, promover su ciudadanía plena y su reconocimiento como sujetos políticos y sociales; garantizar la equidad en el trabajo, el empleo y la seguridad
Social.
Así como fortalecer los aspectos preventivos y un enfoque integral de su salud; promover la equidad del sistema educativo y el acceso a las nuevas tecnología de niñas, niños y adolescentes; aportar a un cambio cultural e incluir a las mujeres en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente.
La iniciativa crea en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social el Consejo Rector de Políticas Públicas de Igualdad de Género, que estará integrado por representantes de las máximas jerarquías ministeriales, del Congreso de Intendentes, de la sociedad civil y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Su función principal será asesorar al Poder Ejecutivo, velar por el cumplimiento de la ley y promover la elaboración de planes De igualdad departamentales. También tendrá que elaborar y elevar el plan nacional.
UNA POLEMICA ILUSTRATIVA
Presidirá el Consejo el actual Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, que el artículo Tercero propone cambiar por Instituto Nacional de las Mujeres.
Ya adelantada la novedad en el proyecto de ley de presupuesto, dio lugar a un pintoresco intercambio en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
El primer reproche partió del diputado Federico Casaretto y se centró en la eliminación del agregado de «la familia» introducido en 1992. A partir de allí se desgranaron argumentos que no hacen más que confirmar cuán profundamente arraigada está en el imaginario social la vinculación entre familia y mujer.
Aunque por otro lado otros varones presente reivindicaron su derecho a no ser desvinculados del concepto de género. Costó entender: por un lado que hoy existe una pluralidad de familias y que de ellas deben ocuparse las políticas sociales en General según las diversas necesidades que atiendan; por otro que si bien el Género no se agota en las mujeres, hoy son ellas las postergadas y es preciso un énfasis especial para recuperar el equilibrio injustamente perdido.
«Hace muy bien un Estado en focalizar en los más débiles, y en esta sociedad las mujeres venimos corriendo muy de atrás, no sólo en cuanto a los derechos civiles sino en una cantidad de discusiones respecto al rol que debemos jugar en esa familia múltiple, en la política y en otros aspectos más», tuvo que puntualizar la diputada encuentrista Lilián Kechichián.
Pero sus colegas varones volvieron a la carga, convencidos de que eliminar a «la Familia» es un retroceso y compelidos por razones que sólo ellos conocen a asegurar una y otra vez que les «encantan las mujeres».
Si este debate se reedita amplificado cuando se traten en plenario tanto la ley presupuestal como la de igualdad de oportunidades y derechos, será una prueba más de lo lejos que queda todavía el cambio cultural que propicie la equidad.
JERARQUIA PRESUPUESTAL
El Instituto de las Mujeres alcanza jerarquía presupuestal en el inciso 15 del proyecto respectivo, correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social del que dependerá.
El artículo 337 enumera sus cometidos, Comenzando por el de «ejecutar, como ente rector de las políticas de género, las funciones de promoción, diseño, coordinación, articulación, ejecución, así como el seguimiento y evaluación de las políticas públicas desde la perspectiva de género».
También deberá «velar por el cumplimiento de Los compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de género, y realizar y ejecutar dentro de sus posibilidades financieras, los convenios internacionales de cooperación vinculados a dicho cumplimiento».
05/IV/SJ
