Amerigo Incalcaterra, representante de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, afirmó hoy que será relevado de su cargo.
Al ser interrogado por los medios, luego de la presentación del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, negó que su salida sea por presiones políticas del Gobierno de Felipe Calderón y destacó como los grandes pendientes de esta administración en materia de derechos humanos: la creación de políticas públicas, un plan de gobierno y la reforma constitucional en la materia.
Amerigo Incalcaterra dijo hoy que de ser atendidos estos «grandes pendientes» se podrá ver el compromiso de esta administración con los derechos humanos.
Cabe recordar que en los sucesos de Atenco, ocurridos el 3 y 4 de mayo del 2006 –y en especial con las mujeres violadas por policías– Incalcaterra pidió una investigación de los hechos y señaló que «el Estado no podrá invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de las normas».
El funcionario de Naciones Unidas, quien en reiteradas ocasiones también se pronunció contra el uso del Ejército en tareas de seguridad pública en nuestro país, sobre todo después de las violaciones sexuales cometidas contra mujeres por militares, negó que su salida sea por «presiones políticas» como se especuló en la prensa nacional.
«En una burocracia como Naciones Unidas, cambian a sus representantes en cierto tiempo, en el trabajo que uno realiza es evidente y normal que en ocasiones se producen mal entendidos, eso se trabaja y se discuten de una manera profesional con las distintas autoridades y se superan, como se ha superado en este país y en otros», aclaró.
Señaló, además a la prensa que le hubiera gustado lograr más cosas en su cargo, el cual ocupó desde 2005, tales como: un programa de Estado en materia de derechos humanos, la reforma constitucional, una legislación de mayor protección a los derechos humanos y que las comisiones tuvieran más fuerza en sus pronunciamientos no solamente hacer recomendaciones.
Incalcaterra dijo desconocer cuándo se dará el cambio y a dónde será enviado, aunque adelantó que hoy podría darse a conocer oficialmente por parte de la Oficina de la ONU en México.
MOLESTIA EN ORGANIZACIONES CIVILES
En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» (TDT) expresó su preocupación por la salida de Incalcaterra de la Oficina para los derechos humanos en México ya que consideró «debilita» el trabajo de ésta y reduce las posibilidades de ser una voz crítica «frente a las complacencias gubernamentales».
Las organizaciones civiles reprocharon que durante la visita en febrero de este año a nuestro país de la Alta Comisionada, Louise Arbour, y durante la reunión que sostuvo con las organizaciones civiles no se hubiera mencionado la salida del funcionario.
Consideraron que con el relevo de Amerigo Incalcaterra en el cargo se demuestra «la falta del compromiso» del gobierno de Felipe Calderón con los derechos humanos, «al pretender tener una Representación del Alto Comisionado sin posibilidad de pronunciarse y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en México».
Recordaron que las desapariciones forzadas y la criminalización de la protesta social se han incrementado en el país y el panorama de los derechos humanos se deteriora cada vez más, por lo que consideraron que pretender silenciar las voces incómodas desde el Gobierno federal «no es sino una demostración más de que sólo ha utilizado el discurso de los derechos humanos de una forma retórica para evitar la crítica internacional».
LA CANCILLERÍA
En un comunicado difundido hoy en la página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a la salida de Incalcaterra, la dependencia aclara que es una práctica común en el sistema de Naciones Unidas que las o los funcionarios internacionales sean trasladados a nuevas adscripciones después de cierto tiempo.
La dependencia reitera el compromiso del Gobierno mexicano con la promoción y protección de los derechos humanos y recordó que la firma del acuerdo entre el Gobierno federal y Louise Arbour, en febrero de este año para darle continuidad al trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en México hasta 2012, es muestra de ello.
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