Salud, empleo, educación y reinserción para personas migrantes

Con la llegada del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump y sus recientes órdenes ejecutivas que atentan contra los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes, resulta imperante que el gobierno mexicano tenga un estrategia política para la protección de las mujeres que podrían ser deportadas a nuestro país, concuerdan especialistas.
 
Durante el 25 y 26 de enero académicas, especialistas en DH y las organizaciones ONU Mujeres, Sin Fronteras, el Instituto de Migrantes Mexicanas (Imumi) y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), se reunieron en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para debatir los retos que enfrenta el país en este escenario.
 
Las especialistas de las agrupaciones refirieron que las políticas públicas para atender a las mexicanas que regresen a México deberán estar enfocadas en los rubros de salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades tanto de ellas como de sus hijos o hijas, pues se calcula que el número de deportaciones aumenté, de 2011 a 2016 se deportaron 42 mil 928 mexicanas según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
 
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, manifestó en entrevista con Cimacnoticias, su preocupación ante la falta de acción del gobierno para atender a las mexicanas, “existe un gran vacío, no se han intencionado, ni siquiera retomado en el discurso de nuestro presidente”.
 
A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la migración de las mujeres hacia EU aumentó en busca de mejores oportunidades laborales, ya que el tratado genero grandes cantidades de desempleo y empobrecimiento sobre todo en el campo.
 
Ahora las mexicanas tendrán que regresar a sus estados de origen que se encuentran en con condiciones totalmente precarias, señaló Pérez, pues llegarán a un lugar “que no cuenta con las condiciones mínimas de arraigo”; sin empleo, servicios básicos de salud y sobre todo, en un clima de violencia por el crimen organizado.
 
En el caso de las mexicanas que en su mayoría se emplea como trabajadoras del hogar y servicios de limpieza -41 por ciento según el Consejo Nacional de Población- y corren mayores riesgos de ser deportadas, la directora de Imumi, Gretchen Kuhner, dijo que podrían retomar sus trabajos en el país pero con pagos que les permitan apenas “la sobrevivencia mínima” en comparación con los que tenían en el país vecino.
 
Por otra parte, a las madres mexicanas que podrían ser separadas de sus hijos e hijas se les deberá dar apoyo tanto legal como emocional, señaló Kuhner. En 2016, 890 mexicanas dejaron a sus hijos o hijas y otros familiares en EU, reporta el informe de Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México de la Secretaria de Gobernación.
 
Cabe destacar que estas madres que fueron deportadas regresaron a entidades con altos niveles de violencia como es: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
 
“Necesitan ser abordados desde un política pública para evitar el riesgo de adiciones al crimen organizado, de suicidios, intentar cruzar la frontera de nuevo o que se agudice la violación a derechos porque se tengan que colocar en empleos donde no hay la menor regulación y se les explote descaradamente”, añadió Pérez.
 
La directora de Sin Fronteras destacó que estas políticas deberán de ser coordinadas tanto por el gobierno federal, como estatales y locales para su ejecución, y tendrán que generar programas a largo plazo, pues podrían estar en lucha los pocos recursos disponibles y empleos, para las personas que ya habitan en las comunidades y las que regresen.
 
TAMBIÉN A MIGRANTES DE CENTROAMERICA
 
México también se tendrá que hacer cargo del flujo de mujeres migrantes de Centro América en la frontera sur del país, asimismo en caso de construirse el muro si no avanza el flujo de personas migrantes, el gobierno tendrá que proveerles asilo, concluyeron las especialistas.
 
Imumi calcula que cerca de 20 mil mujeres transita esta frontera cada año para llegar a EU, la directora del Instituto señaló que el país tiene la obligación legal de proteger a las mujeres que transitan por el -independiente de su condición migratoria- y brindar los derechos básicos según la Constitución y los instrumentos internacionales que ha ratificado.
 
Sin embargo, las especialistas concordaron que esta medida se torna casi imposible ya que las autoridades mexicanas no cuentan con recursos e infraestructura para convertir a México en un país de asilo para las migrantes.
 
Por el contrario, las organizaciones apuntaron que han detectado en la frontera sur casos de violaciones de DH, como discriminación hacía las mujeres, problemas para comprar su identidad, para acceder al sistema de justicia, y servicios de salud.
 
ONGS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR TRUMP
 
El panorama también se dificulta para las organizaciones civiles, la directora de Sin Fronteras informó que en las próximas semanas Trump podría aprobar un recorte de presupuesto para las Naciones Unidas, que ayuda de posicionar a nivel mundial la defensa de los DH de personas migrantes.
 
“A estos gobiernos les causa cierto tipo de recelo que se les señale como violadores de derechos humanos. Si estos espacios se reducen, no tendremos quien nos apoye a nosotros para visibilizar lo que estamos pasando”, dijo Nancy Pérez.
 
Tan sólo en la primera semana de su gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que afectan a las organizaciones civiles que promueven la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con Ley Mordaza o “La Política de Ciudad de México” como se le conoce, EU que establece que cualquier organización internacional que proporcione o promueva servicios de aborto, tiene prohibido recibir fondos del gobierno.
 
También el 23 de enero en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, Trump reafirmó su decisión al firmar la orden de construcción del muro fronterizo con México.
 
Está medida incluye la adición de 10 mil oficiales de inmigración y 5 mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza. Aunque aún necesita la aprobación del Congreso para su financiamiento -oscila entre los 15 y 20 millones de dólares-, que se encuentra dominado por republicanos.
 
17/HZM