La investigadora de El Colegio de México Soledad González Montes llamó a las organizaciones de mujeres y salud a oponerse a la tendencia privatizadora y de recorte presupuestal para la salud en México y las invitó a que, si quieren incidir, analicen de manera crítica las acciones gubernamentales.
Consideró además que esas organizaciones no deben perderse en dar atención al público, porque su posibilidad es mínima frente al servicio a 40 millones de personas que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Les pidió, en ese sentido, pugnar por que éste se conserve como servicio público.
Los grupos civiles, añadió, pueden seguir desarrollando modelos alternativos de atención, elaborar demandas y propuestas, pero no deben cerrar los ojos ante un modelo de salud que quiere imponerse, un modelo injusto. Son ellas las llamadas a denunciar y a oponerse «con todas su fuerzas» a la tendencia privatizadora.
La investigadora, quien participó en un foro de balance del movimiento feminista con motivo de los 25 años del Grupo de Estudios de la Mujer «Rosario Castellanos», de Oaxaca, ha hecho un seguimiento concienzudo de las actividades de las organizaciones civiles de mujeres y salud de los últimos 30 años.
Ha analizado sus demandas y propuestas, ha investigado sus comportamientos políticos y sociales, por ello las llamó «ahora más que nunca» a tener claro que el modelo norteamericano de salud no ha funcionado y que es ese el que se intenta imponer en México.
Por ello, insistió, «es indispensable que las redes nacionales de organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre salud y derechos sexuales y reproductivos», hagan el esfuerzo para oponerse a ello, por vincularse con redes internacionales, así como por difundir y denunciar esta situación.
La autora de «Las organizaciones no gubernamentales y la salud reproductiva», publicado en 1999 por El Colegio de México, dijo que el desarrollo de estos grupos fue el resultado de la poderosa influencia de los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y que esos acuerdos permitieron concluir una etapa del movimiento feminista con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Reconoció que en los años posteriores a la conferencia de El Cairo se afianzó el reconocimiento, aún en forma retórica, por gobiernos y poderosas instituciones como el Banco Mundial.
Es ahí donde el papel de las organizaciones civiles las colocó como voceras de la ciudadanía y hasta como interlocutoras necesarias. Lo que está en debates es si «se les hace caso» pues la situación varía mucho, de acuerdo con el área de trabajo y de cada contexto regional y político.
No obstante, lo que preocupa a Soledad González es cómo para los grupos civiles parece indispensable influir en las políticas del Estado, porque es sólo desde la acción de las instituciones públicas como se pueden lograr programas que alcancen amplios sectores de la población.
Eso hay que entenderlo, dijo, para evitar programas de corto alcance, de ensayo, pequeños de algunos grupos, que finalmente sólo se suman al proceso privatizador de un sistema de salud del Estado que está obligado a responder a la población.
Más que hacer estos programas, señaló, las organizaciones no gubernamentales están llamadas a impulsar que el Estado no se retire de sus funciones sociales, ni disminuya su intervención en materia de salud, educación y desarrollo.
Mostró luego un ejemplo de lo que puede hacer una organización frente al Estado, para darse cuenta de la magnitud de la diferencia. Mexfam, la no gubernamental más grande y más rica de México, da servicios a alrededor de 200 mil usuarios. Las demás ONG alcanzan a atender poblaciones mucho más pequeñas.
Si todo va bien, las expectativas de la Red sobre Calidad de la Atención en Salud podrían difundir materiales entre 5 mil personas. Mientras tanto el IMSS atiende a más de 40 millones de mexicanos. Así que, dijo la investigadora, lo fundamental es no perder esta perspectiva.
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