Invertir en mejorar la salud materna para salvar la vida de las mujeres, es una decisión que se traduce en beneficios sociales y económicos para sus familias, y sus comunidades, debido a que tan sólo el trabajo no remunerado que ellas realizan, representa un tercio del Producto Interno Bruto (PIB).
Este es uno de los puntos que analizaron 70 mujeres líderes de América latina y el Caribe, durante la Conferencia Regional de Mujeres Líderes, que se celebró en Perú, los días 27 y 28 de mayo pasados, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
En el encuentro de las líderes de Bolivia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras Haití, México, Paraguay y Perú, el Grupo de Trabajo Regional para la reducción de la mortalidad materna presentó un documento en el cual aseguran que salvaguardar la vida de las mujeres, además de ser un derecho permite un mayor desarrollo económico.
Para lograrlo, señala el documento, es necesario invertir en acciones efectivas, como la planificación familiar.
Así como la atención calificada para las madres y sus bebés antes, durante y después del parto, incluyendo la atención obstétrica de emergencia.
Se deben mejorar los servicios de salud pública mediante el desarrollo de sistemas de salud sólidos y accesibles.
Otra acción es garantizar los servicios seguros y oportunos de aborto donde éste es legal. Fortalecer los sistemas nacionales de salud que atienden a las mujeres.
En los países de América Latina y el Caribe, se les debe dar prioridad a los servicios para la juventud, a las poblaciones indígenas, las afrodescendientes y a los grupos rurales, debido a la situación de desventaja en la que se encuentran estos grupos.
Muestra de ello, es que las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son la principal causa de muerte y discapacidad en las mujeres jóvenes de la región, y las tasas de embarazo adolescente son más altas que el promedio mundial.
Cada año, entre 10 y 15 millones de mujeres sufren enfermedades o discapacidades severas o permanentes debido a complicaciones ocurridas durante el embarazo o el parto.
Cerca de 20 millones de mujeres tienen abortos en condiciones de riesgo. América Latina es la región del mundo cuya proporción de muertes maternas atribuibles al aborto inseguro es más alta.
Esa realidad está vinculada con que 215 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no utilizan aún un método efectivo de anticoncepción.
Ante este escenario, las naciones de América Latina y el Caribe deben invertir en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Para lograr cubrir las necesidades de esta prioridad de salud pública, se requiere de una inversión 50 por ciento mayor a la inversión nacional e internacional actual.
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