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SCJN antepondrá intereses económicos y políticos sobre la ley

Por Lourdes Godínez Leal

Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron posponer el caso de Lydia Cacho apostándole al olvido, con argumentos “bastante endebles” porque lo que está en juego, más que la violación a las garantías individuales de la periodista, son intereses económicos y políticos relacionados con la pornografía y pederastia en el país, señaló en entrevista la ex legisladora perredista Rosa María Avilés.

Avilés enfatizó que a la SCJN no le interesa devolverle a la ciudadanía la confianza en la ley, en la justicia y en esta institución misma, como se pidió en el desplegado firmado por la comunidad intelectual y artística del país en semanas pasadas en apoyo a la periodista Cacho Ribeiro, por lo que el máximo tribunal del país antepondrá los intereses económicos y políticos por encima de la ley en el caso Puebla-Cacho.

Sobre los intereses políticos, la ex legisladora del Sol Azteca precisó que en la publicación de Los Demonios del Edén la periodista Lydia Cacho señala a personajes que ahora están en el gabinete y en el legislativo y son vinculados con las redes de pederastia. Y, por otro lado, no hay que olvidar que éste es uno de los negocios del crimen organizado que deja más ganancias económicas.

Para Avilés, la SCJN tuvo una salida “bastante burda” para no iniciar la discusión del caso de Lydia Cacho ayer, tal como lo proponía el ministro ponente Juan N. Silva Meza, porque su informe precisa nombres, apellidos y responsabilidades concretas, y porque además refleja la realidad del país que se ha denunciado desde hace mucho tiempo: la protección de la clase política al crimen organizado.

Por ello, aseveró, “es obvio que la SCJN va a darle largas a este asunto porque se está negociando al más alto nivel”.

NI JUICIO POLÍTICO, NI APROBACIÒN DEL INFORME

Rosa María Avilés Nájera rechazó la posibilidad de que la Cámara de Diputados, que solicitó a la SCJN investigara las “presuntas violaciones” de Cacho, entable un juicio político contra el “góber precioso”, ya que la Corte ni ha discutido el informe ni lo aprobó, por un lado y, por el otro, están en juego demasiados intereses del gobierno federal: la miscelánea fiscal, la modificación de la Constitución para abrir Petróleos Mexicanos al capital privado y la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Además no hay que olvidar, precisó, que las elecciones están en puerta en varios estados del país donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está gobernando y no les conviene un escándalo cuando a varios personajes políticos del tricolor se les relaciona con el empresario textilero Kamel Nacif.

En este sentido, recordó las llamadas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y del ahora senador Emilio Gamboa con el empresario Kamel Nacif.

Actualmente existen tres solicitudes de juicio político contra el “góber precioso”: la primera, presentada por el legislador perredista Pablo Gómez a los pocos días de la detención de Cacho. La segunda, presentada por empresarios poblanos encabezados por Gerardo Villa Escalera y la tercera solicitud la presentaron ciudadanos poblanos.

Y en el Congreso local de Puebla también hay una solicitud de juicio político “fantasma” contra Marín, promovida por Acción Nacional, “solicitud supuestamente promovida por Felipe Calderón durante su campaña presidencial, pero que nunca firmó”.

MARÍN CONFÍA EN LA LEY

En tanto, Mario Marín desplegó ayer, al término de la sesión de la SCJN, un comunicado en la página oficial del gobierno del estado donde manifiesta su beneplácito por la decisión de aplazar la discusión del informe que lo señala como responsable “del concierto de autoridades” para violentar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

En su comunicado, Marín asegura que con las nuevas reglas que emita la SCJN para analizar el caso, “probará su inocencia” y enfatiza que aceptará el resolutivo de la Corte “si éste se da en un marco de estricta aplicación del derecho”.

Actualmente Lydia Cacho, quien en enero de este año fue exonerada del delito de difamación interpuesto por Kamel Nacif, tiene pendientes las conclusiones de dos investigaciones: la que realizó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim), que investiga “presunta tortura” y cuyos resultados se desconocen y otra en la Fiscalía Especial para Periodistas.

07/LGL/GG/CV

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