La Ley de Sociedades de Convivencia (LSC) y el Pacto Civil de Solidaridad (PCS) tienen toda la cobertura jurídica para ganar cualquier tipo de controversia constitucional, enfatizó Enoé Uranga, principal impulsora de la LSC aprobada el pasado 9 de noviembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptara alguna controversia, estaría «torciendo la ley», advirtió en entrevista telefónica con Cimacnoticias.
Luego de que este fin de semana se realizó la segunda unión legal entre dos mujeres en Coahuila, a un mes de haberse aprobado el Pacto Civil de Solidaridad en este estado, diputados panistas locales reafirmaron públicamente su intención de promover una controversia constitucional.
Ante ello, la ex diputada local señaló que los «estados tienen su propia independencia, son libres y soberanos y por lo tanto la SCJN no tendría salida más que una evidente torcedura de la ley, no habría cómo justificar, por dónde sostener esta controversia».
Agregó la activista que si se diera un escenario en donde se aceptara una controversia al respecto «estaríamos en una crisis del Estado de derecho, desde la Suprema Corte vulnerando la laicidad del Estado».
Más que la controversia, dijo Uranga Muñoz, lo que me preocupa es «que los Congresos estatales garanticen que sus procesos parlamentarios para la aprobación de la Ley estén del todo cuidados, en cuanto a técnica jurídica».
Para la ex asambleísta, el contenido de la LSC tiene «todas las de ganar», tanto en el marco internacional como en el nacional, por su cobertura jurídica.
En este sentido, recordó que existen instrumentos internacionales como el de la Conferencia de El Cairo (1994), que México firmó y ratificó en 2000, en donde se establece que no hay una sola forma de familia, que hay una diversidad de formas de familias que México ha reconocido en sus propias cifras institucionales (Conapo) y en la Constitución Política de los Estados Unidos de México, en su Artículo primero constitucional, que garantizan el derecho a la no discriminación y la búsqueda de la igualdad.
«No habría en la ley nada de lo que se agarraran como para establecer una condición distinta», aseveró.
ATORADOS PARA ARRANCAR LA LSC
Enoé Uranga señaló que a casi un mes de que entre en vigor la LSC (el 16 de marzo) «el tiempo los está ahogando», porque el gobierno central (GDF) no ha dado su aval para un reglamento propuesto por la Red Ciudadana por las Sociedades de Convivencia, que establece los mecanismos de operación de esta ley para todas las delegaciones.
No hay hacia las delegaciones una instrucción de cómo entrar a operar esta ley. Y las facultades que tienen las direcciones generales jurídicas de las delegaciones en este momento, sin la entrada de un reglamento, no permiten que la apliquen, sentenció.
Por ahora esta red, conformada por 360 integrantes, está dando capacitación a las y los funcionarios de las delegaciones, pero existe el riesgo de que sin un reglamento cada delegación arranque como mejor entienda el asunto, explicó Uranga.
Si en esta semana no logran aterrizar el reglamento con el gobierno central, es muy probable que cada delegación aplique la ley como la entendió, advierte.
No obstante, Enoé Uranga enfatizó que esta ley, con todo y estos inconvenientes, entrará en vigor el 16 de marzo, tal y como está previsto.
SIN PRETEXTO PARA OTROS ESTADOS
Para Uranga Muñoz, el que se haya aprobado un Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila y que se contemple uno similar para el estado de Chihuahua es un reto para los estados gobernados por el PRD o donde tiene mayoría en el Congreso, por lo que consideró que «no hay pretexto para que la ley no se apruebe en otras entidades».
Contemplar la integración de estas figuras jurídicas en el Código Civil es un gran paso que también debería pensarse para la LSC, aunque por lo pronto, concluyó, debemos festejar que los estados estén comprendiendo la importancia de legislar en este tema.
07/LGL/GG/CV
