Habían pasado 13 meses sin que apareciera el cadáver de una mujer asesinada en Ciudad Juárez, pero otra víctima de violencia sexual fue encontrada en el cerro del Cristo Negro el pasado miércoles, tres días después de la renuncia del procurador estatal Jesús José Solís Silva y de la licencia del gobernador Patricio Martínez.
Por primera vez, acudieron al levantamiento del cuerpo la fiscal especial María López Urbina, la comisionada Guadalupe Morfín, el fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Rolando Alvarado, y el inspector en jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP), Héctor González Valdepeña.
Así como el subprocurador de la zona norte, Oscar Valadez Reyes, la titular de la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Angela Talavera, y un grupo de senadores que visitaban la ciudad fronteriza, entre ellos, Leticia Burgos.
La comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, María Guadalupe Morfín Otero, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga el nuevo caso de feminicidio en esa ciudad.
Guadalupe Morfín precisó que la Procuraduría de Chihuahua «ha sido severamente cuestionada», y se refirió a la renuncia de su titular Jesús José Solís Silva, así como la del ex subjefe de Averiguaciones Previas de la misma instancia, Héctor Armando Lastra, señalado por su vinculación con la explotación sexual infantil.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Jesús Solís renunció bajo la presión federal e internacional por sus presuntos vínculos con el narco, pero con el argumento de que «en aras de fines perversos ha sido objeto de señalamientos sin fundamento alguno que lesionan y lastiman su vida, la de su esposa e hijos».
Su sucesor para los restantes seis meses de la administración del Patricio Martínez es Jesús Antonio Piñón Jiménez, vinculado cuando era subprocurador con la detención de David Meza, quien fuera torturado el año pasado por el presunto asesinato de la joven Neyra Azucena Cervantes en la ciudad de Chihuahua.
FALLARON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Junto con el caso de Rebeca Contreras, a quien la PGR señala como adicta a la heroína y ex reclusa, así como con el crimen de otra mujer presuntamente a manos de su pareja en el hotel Comonfort, se cimbró la efectividad de las acciones preventivas en Ciudad Juárez.
Estas acciones llevaron a cientos de policías federales y militares a cuidar el lugar y algunos programas, como el de ruteras (mujeres al volante) implementado por el Instituto de la Mujer Chihuahuense, junto con las 40 acciones del gobierno federal.
Rebeca Contreras Mancha, de 23 años de edad, fue hallada el 10 de marzo pasado sin vida. Tenía tres hijos: una niña de seis años y dos niños, uno de siete años y otro de seis meses de nacido, y también dos acusaciones de robo que no pudieron probarse por lo que salió libre.
En tanto que el sábado 13 en el Hotel Comonfort se escucharon muchos gritos, se habló a la policía y a su llegada encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, de acuerdo con la prensa local. Las primeras investigaciones indican que fue golpeada hasta ocasionarle la muerte. Se ha detenido a Jesús Martínez de 20 años quien no recuerda lo que sucedió, ya que estaba drogado.
Esa misma noche una adolescente de 16 años de edad fue enviada al hospital tras ser atacada con arma blanca por siete hombres al salir del centro de diversiones Spring.
Por lo anterior, Guadalupe Morfín convocó a las autoridades locales y federales encargadas de las labores de vigilancia en Ciudad Juárez a hacer un esfuerzo mayor para evitar que los crímenes se sigan repitiendo.
En el mismo sentido, Patricia Espinosa viajó a Chihuahua para entrevistarse con las autoridades locales para manifestarles su indignación por los asesinatos y acordar el reforzamiento de las acciones de prevención contra el feminicidio.
Mientras que José Luis Soberanes, ombudsman nacional, criticó los resultados por parte de Morfín, encargada de garantizar que no haya «ni una muerta más», dijo parafraseando a las organizaciones civiles. La fiscal investiga los asesinatos que ocurrieron, pero la comisionada debe prevenir, dijo Soberanes a la prensa.
Hasta la fecha, en medio de una guerra de cifras, el gobierno se refiere a 330 asesinatos solamente en Ciudad Juárez, que podrían llegar a 370 en Juárez y Chihuahua, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI). De éstos, 137 tendrían tintes sexuales.
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