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Se agudiza violencia contra poblanas y MP no registran como deben

Por Samantha Páez*
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Las cifras de violencia familiar en Puebla podrían ser más graves de lo que registran las autoridades, debido a que por falta de perspectiva de género los Ministerios Públicos lo acreditan simplemente como lesiones, advierte María del Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Sicológica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla.
 
Ambos delitos, lesiones y violencia familiar, son los más comunes contra las mujeres en el estado, y van a la alza -puesto que de 2011 a 2015 las lesiones se triplicaron y la violencia familiar creció más de 100 por ciento-según datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de acuerdo al diagnóstico que realizó el grupo de especialistas para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
MP no acredita violencia familiar
 
Para que se acredite la violencia familiar se tiene que comprobar su continuidad, es decir, al menos tuvo que haber ocurrido un hecho de violencia previo, además de que si bien no es necesario que ocurra en el hogar sí tuvo que provenir de un miembro de la familia, pareja o expareja; en tanto que en el delito de lesiones se encuadra cualquier tipo de acto aislado.
 
Los Ministerios Públicos (MP) suelen pedir a las víctimas que lleven pruebas para acreditar la violencia -como pueden ser testigos o imágenes- y si no es una prueba formal lo encuadran como lesiones.
 
“A veces para estos Ministerios Públicos que tienen, a mi parecer, una visión muy limitada, es más fácil encuadrarlo como lesiones, que les implica también menos carga de prueba y que les implica también menos trabajo”, explica María del Rosario Arrambide.
 
Como ejemplo expone un caso en Chiapas en el que un hombre arrojó a su esposa desde un primer piso y aunque había antecedentes de violencia familiar, cuando la mujer denuncia, el MP no lo radica como intento de feminicidio, sino como una lesión aislada.
 
En opinión de Arrambide, con las lesiones y la violencia familiar pasa lo mismo que con el homicidio doloso y el feminicidio: los MP acreditan el delito que les resulta más sencillo de probar, que en ambos casos son las lesiones y el homicidio doloso. Por lo cual las cifras de violencia familiar podrían ser muy superiores a las reconocidas de manera oficial.
 
“Las mujeres no denuncian muchos hechos de violencia por diversos factores como cuestiones de roles de género, la desconfianza, que también es uno de los datos que arroja la encuesta de Seguridad del Inegi (…), las dilaciones en los procedimientos y la falta de órdenes de protección (a pesar de que existen en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)”.
 
El grupo de especialistas que analizó la pertinencia de la AVG –dos académicos nacionales y dos académicas locales- reveló en el informe presentado el 28 de junio que existe poco personal sensibilizado en los temas de género en las áreas de procuración de justicia.
 
De manera textual se menciona “escasez de personal experto en psicología, en el área médica, jurídica y de trabajo social, en la mayoría de las instancias que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, así como falta de contención emocional para el personal del servicio público en estas áreas”.
 
Por ello recomendaron realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género para todo el personal de las instituciones encargadas de la atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, con sus respectivos mecanismos de seguimiento y evaluación.
 
Delitos contra las mujeres
 
En su informe, el grupo de trabajo que analizó la AVG para Puebla revisó información de la FGJ sobre delitos contra las mujeres, a la par comparó con los censos nacionales de Impartición de Justicia Estatal, Procuración de Justicia Estatal y Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario.
 
Resulta que de los 11 delitos de los que informó la FGJ ocho aumentaron de 2011 a 2015: el acoso sexual y las lesiones se triplicaron; el hostigamiento sexual subió 137.5 por ciento; la violencia familiar 123.7 por ciento; y la violación tumultaria 100 por ciento. Asimismo el estupro aumentó 70 por ciento; la violación equiparada 29.4 por ciento y la violación, 14.2 por ciento.
 
Los cinco delitos más comunes según la dependencia estatal son, en ese orden: violencia familiar, ataques al pudor, violación, lesiones y estupro.
 
Mientras que de acuerdo con las cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, del Inegi, de 2012 a 2015 las lesiones serían el delito más común, luego la violencia familiar, las amenazas, la violación y el hostigamiento sexual.
 
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, elaborado también por el Inegi, refleja que del 2012 al 2015 hubo 640 delitos del fuero común contra mujeres en Puebla, de ellos 128 fueron lesiones, 65 violencia familiar y 43 delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual.
 
En tanto que el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal manifiesta que de 2011 a 2015 se registraron 3 mil 570 lesiones contra mujeres; 2 mil 618 casos de violencia familiar; 674 violaciones; 528 homicidios y 132 de otros delitos que atentan contra la libertad personal.
 
Crecen delitos porque crece violencia
 
Para Arrambide González, el incremento de delitos contra las mujeres, puede obedecer a la falta de prevención y al propio incremento de la violencia en su contra, más que a un aumento en la denuncia.
 
De acuerdo con datos del Inegi, en Puebla, 83 por ciento de los delitos no son denunciados y tres de cada cinco poblanos desconfían de las autoridades estatales.
 
La organización México Evalúa en su estudio “Justicia a la Medida” indica que en la entidad sólo se denuncian 17.1 por ciento de los delitos, además de que sólo dos de cada cinco víctimas tuvieron trato satisfactorio por parte del Ministerio Público que los atendió. Con estos resultados Puebla se coloca como uno de los cinco estados donde los ciudadanos tienen menos confianza en la justicia.
 
La falta de órdenes de protección es otra de las cuestiones en las que se hace hincapié en el informe del grupo de trabajo, ya que a pesar de los 9 mil 820 casos de violencia familiar reportados por la Fiscalía, sólo se otorgaron 381 órdenes de protección del año 2013 al 2016, lo que equivale apenas a casi 4 por ciento.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias ladobe.com.mx
 
16/SP/LGL

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