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Se amparan contra negativa para decretar violencia de género

Por Lourdes Godínez Leal

El Centro de Derechos Humanos de las mujeres Victoria Diez, en representación de organizaciones civiles de Guanajuato, presentó un amparo indirecto contra la resolución del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Sistema), que negó la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado en la entidad.

En entrevista con Cimacnoticias informó lo anterior David Peña Rodríguez, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y asesor del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien interpuso conjuntamente con éste, el amparo el pasado 21 de agosto en los Juzgados de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, donde corresponderá conocer del caso al juzgado sexto de Distrito en materia administrativa.

La solicitud de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado para Guanajuato fue solicitada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema –presidida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)– el 6 de mayo pasado por 65 organizaciones civiles, luego de las reformas constitucionales que prohíben en su totalidad el aborto y que dan un trato diferente a las mujeres de esta entidad.

El 20 de julio de 2009, en una sesión “inaudita” el Sistema, conformado por diversas Secretarías de Estado y los 32 institutos estatales de las mujeres, sesionaron para votar si procedía o no la solicitud de investigación, pero en lugar de ello, en esa reunión, contrario a lo que establece el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia que mandata la Declaratoria, se votó para negar la emisión de la Declaratoria de la Alerta.

Peña Rodríguez, quien también lleva el caso del feminicidio del Campo algodonero, cuya sentencia emitirá próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó que ante esta negativa solicitada por Agravio comparado en Guanajuato para restituir el derecho de las mujeres para ejercer su ciudadanía y exigir sus derechos tras las reformas constitucionales que prohíben en su totalidad el aborto, decidieron recurrir al amparo indirecto.

El amparo indirecto, precisó, “se presenta contra cualquier otro acto de autoridad”; en este caso, contra la resolución que tomó el Sistema sobre la declaratoria de Alerta, misma que fue declarada improcedente por este órgano colegiado.

Entre los argumentos expuestos, explicó Peña Rodríguez, está la violación del procedimiento previo a la sesión del pleno del Sistema.

Es decir, antes de que éste sesionara, la Secretaría Ejecutiva (Inmujeres) pidió por escrito a cada uno de los 32 institutos estatales de las mujeres “su opinión” sobre la solicitud de Alerta cuando se supone que ésta se daría en la reunión del pleno, refirió el abogado.

Otro argumento es que se violó el derecho de audiencia de las peticionarias de la solicitud, pues antes de que el Sistema emita su decisión tiene que escuchar a la o las peticionarias sobre por qué están pidiendo la Alerta y en este caso no sucedió; de hecho, recordó, ni siquiera las dejaban entrar a la reunión.

En este sentido, abundó, el propio reglamento de la Ley General es inconstitucional, ya que señala en su artículo 35 que cuando haya sido declarada improcedente una solicitud, se garantizará el derecho de audiencia, lo que resulta a todas luces inconstitucional, dijo el abogado, pues es un derecho constitucional que no puede ser establecido con posterioridad a la toma de dicha decisión.

También se alegó falta de fundamentación y motivación en la resolución, esto es, cuando el Sistema notificó a las peticionarias que se había desechado su solicitud tuvo que haberles explicado y fundamentado las razones por las que lo hizo, lo cual tampoco sucedió.

Señaló que el Inmujeres, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema, notificó a las ONG la “improcedencia de la investigación de su solicitud de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado en virtud de que no cumple con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General”, pero este artículo se refiere a la definición de violencia feminicida y lo que se pidió es agravio comparado, dijo el abogado.

Con el amparo, todas y cada una de las autoridades que integran el Sistema Nacional están obligadas a rendir un informe sobre el “acto reclamado”, donde tendrán que razonar el sentido del voto que emitieron en la sesión del pasado 20 de julio.

El abogado de la ANAD concluyó que hay dos opciones: o se declara el amparo “liso y llano”, es decir, que no procede o bien se le da la razón “a la quejosa”, por lo que se tendría que corregir todo el procedimiento, lo que significa tener que convocar a una nueva reunión del Sistema Nacional.

09/LGL/LG

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