Como parte de las actividades que impulsa la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la promoción de los derechos humanos en el país, se celebraron en Mérida, Yucatán, las Jornadas de acceso a justicia de mujeres, cuyo principal objetivo fue abordar, bajo un enfoque integral que incorpora las perspectivas de género e interculturalidad, los obstáculos al acceso a la justicia de la población indígena, en particular la situación de las mujeres mayas en esa entidad.
Las Jornadas, organizadas conjuntamente con el gobierno de Yucatán y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se llevaron a cabo en un momento oportuno, dado que en estos días tienen lugar en Yucatán los debates sobre la instrumentación de la reforma constitucional en materia de justicia penal, así como respecto de la probable aprobación de la Ley estatal reglamentaria en materia de derechos y cultura del Pueblo maya.
Concebidas como un evento único, la jornadas congregaron a instituciones federales y estatales, miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como representantes del Congreso de la Unión y del estado de Yucatán. En la inauguración participó la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Como resultado, la titular del gobierno del estado firmó un documento de compromisos y acuerdos para facilitar el derecho al acceso a la jurisdicción del estado de las mujeres indígenas de Yucatán. Como testigos, firmaron el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio; el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Alejandro Negrín Muñoz; el Cuarto Visitador General de la CNDH, Fernando Batista Jiménez y la Presidenta Nacional del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán.
Los acuerdos y compromisos incluyen el seguimiento e implementación de acciones legislativas y de políticas públicas encaminadas a respetar los sistemas normativos internos, las tradiciones y la lengua maya de las comunidades indígenas del estado. Asimismo, destaca la puesta en marcha de programas de formación y sensibilización sobre derechos indígenas integrando la perspectiva de género dirigidos a defensores, ministerio público, jueces, juezas y demás servidores públicos que intervienen en la administración de justicia en la entidad.
Entre los acuerdos resalta también el compromiso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado para la integración de un cuerpo de defensores e intérpretes en lengua maya, así como la celebración de un acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para la asesoría, formación y certificación de intérpretes en esta lengua en materia de justicia.
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