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Se compromete PGJDF a revisar caso Clara

Por Anayeli García Martínez
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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se comprometió a revisar el caso de Clara Tapia Herrera, quien lleva un año nueve meses en prisión acusada de corrupción de menores contra sus hijos Rebeca, Gabriela y Ricardo, y de ser cómplice de Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “El Monstruo de Iztapalapa”.
 
Tras la atención que ha causado la situación que vive Clara y luego de una petición expresa de grupos feministas, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, se comprometió a revisar el caso para determinar si es viable que la PGJDF presente conclusiones no acusatorias, es decir que resuelva que no hay elementos para condenarla a prisión.
 
Ayer, el procurador se entrevistó con representantes del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, quienes le advirtieron sobre las irregularidades del caso.
 
Activistas y funcionarias señalaron que la autoridad cometió diversas violaciones a los Derechos Humanos de Clara Tapia, a lo que Ríos Garza respondió que él no puede revisar si estuvieron bien o mal las decisiones anteriores ni tampoco analizar pruebas para determinar si ella es culpable o inocente; sin embargo se comprometió a revisar la pertinencia de presentar conclusiones no acusatorias contra la mujer presa en el reclusorio de Tepepan.   
 
El procurador aseveró que revisará la información proporcionada por las activistas para determinar si existe la posibilidad de que el Ministerio Público (MP) que acusa a Clara del delito de corrupción de menores, concluya ante el Juzgado 64 penal que se desvanecieron las acusaciones y por tanto recomiende que se le deje en libertad.
 
En la reunión en el búnker de la PGJDF por instrucción del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera –quien fuera procurador cuando se detuvo y consignó a Iniestra Salas–, también estuvieron la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Zulma Eunice Campos Mata, y el subprocurador de Procesos, Miguel Leyva Medina, quienes darán seguimiento al caso.
 
Rodolfo Ríos señaló que la dependencia a su cargo trabaja para incorporar la perspectiva de género en sus actividades cotidianas, por lo que sostuvo que atenderá la petición de valorar las pruebas aportadas por la defensa legal de Clara y las organizaciones civiles que la acompañan, quienes afirman que ella fue víctima de violencia al igual que sus hijas e hijo.    
 
En el encuentro, la abogada de la ANAD Karla Micheel Salas expuso que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal comprobó que la PGJDF detuvo a Clara con mentiras, ya que fue citada para que reconociera a sus agresores y una vez allí la presentaron ante los medios como cómplice de los delincuentes.
 
La abogada aseguró además que los elementos para mantenerla en prisión son la primera declaración de su hija Gabriela donde la acusa de separarla de su captor, y un peritaje psicológico que acredita a Clara como una mujer que no asume su rol de madre, dos pruebas que a decir de la defensa no son objetivas y han perdido sustento y valor jurídico.
 
Salas mencionó que durante su primeras afirmaciones Gabriela tenía un marcado síndrome de Estocolmo, por lo que en su ampliación de declaración se desistió de las acusaciones contra su madre, mientras que el peritaje psicológico de Clara carece de perspectiva de género, toda vez que no considera el contexto de violencia que vivió toda su vida.
 
Por su parte, Rocío Corral, directora del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, afirmó que en este caso la PGJDF olvidó mirar a las víctimas indirectas de la violencia ejercida por Iniestra Salas, quien violó, secuestró y golpeó durante seis años a Gabriela y Rebeca, ésta última a quien asesinó en 2009.   
 
Corral explicó que es importante contextualizar la situación de la víctima porque a Clara se le acusa de corrupción de menores, pero este delito lo comete quien realiza la acción y no quien omite hacer algo para detener esa conducta. Explicó que en el fondo a ella se le acusa de no ser buena madre y no haber denunciado antes, es decir, no evitar lo sucedido. 
 
Al respecto Beatriz Santamaría, directora del Inmujeres-DF, recalcó que en este caso de violencia extrema las instituciones le fallaron a Clara porque a pesar de que denunció ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Persona y al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales del DF, éstas dependencias la ignoraron.
 
Antes de acudir a la PGJDF, Clara pidió ayuda a organizaciones como Alto al Secuestro e incluso al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) “Juana de Asbaje” –dependiente del Inmujeres-DF–, donde le negaron la atención porque una empleada le dijo que allí “sólo veían casos importantes”.
 
Santamaría señaló que hay una deuda con Clara y que la institución a su cargo ha iniciado una investigación sobre la falta de atención a esta usuaria, y además se están buscando mecanismos para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia para que no se repitan casos como éste. 
 
En enero pasado los abogados de Clara presentaron ante el juez un recurso jurídico para señalar que ya no había pruebas en su contra y por tanto ella debía quedar libre; sin embargo la petición fue rechazada y se interpuso un amparo ante la Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el cual está en revisión.
 
El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, afirmó que esperará la resolución del TSJDF y dependiendo del resultado analizará la pertenencia de que el MP concluya que las pruebas contra Clara Tapia se han desvanecido, y así el juez tenga más argumentos para eventualmente determinar su libertad.
 
13/AGM/RMB

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