Diputadas y diputados electos se comprometieron hoy a asumir como propias las propuestas legislativas de las mujeres trabajadoras de México.
Representantes de trabajadoras organizadas en 21 sindicatos y agrupaciones civiles se reunieron esta tarde con diputadas y diputados electos de distintos partidos políticos, a quienes entregaron sus demandas para la agenda de la LIX Legislatura.
En el encuentro, en la Cámara de Diputados, las trabajadoras conformaron un observatorio que dará seguimiento a los trabajos legislativos contra las violaciones y omisiones a sus derechos, así como la invisibilidad de sus demandas, dijo en el acto Rosario Ortiz Magallón, coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas.
Malú Micher Camarena, Marcela Lagarde, Francisco Carrillo, Pablo Franco, Iván García Solís, Angélica Díaz de Campo y Dolores del Carmen Gutiérrez fueron algunos de los legisladores participantes.
Las propuestas entregadas por las trabajadoras fueron leídas en el acto por Rosa María Hernández, secretaria de Equidad y Género de la ATM, y Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).
La iniciativa, explicaron, incluye una reforma laboral de género que garantice los derechos y acceso al trabajo no segregado y sin discriminación hacia las mujeres, así como estabilidad en empleos dignos con salario igual a trabajo de igual responsabilidad, eliminando contratos que violenten los derechos y la salud.
También que propicie ambientes laborales sin violencia de género, como maltrato, hostigamiento y abuso sexual; que el concepto de riesgo de trabajo incorpore nuevas enfermedades profesionales derivadas de la violencia sexual en el trabajo, y garantizar que las responsabilidades familiares estén a cargo de hombres y mujeres.
Asimismo, agregaron, modificar el derecho procesal del trabajo para que se amplíen los procedimientos, aportes de pruebas y la testimonial, con el fin de que las violaciones generadas por discriminación y violencia sexual tengan viabilidad en la aplicación de la justicia laboral con perspectiva de género.
Entre otros puntos demandaron modificar la legislación para que las trabajadoras del hogar y las jornaleras agrícolas amplíen sus derechos laborales y de seguridad social; incorporar a las del mercado informal a los derechos que confiere la Ley Federal del Trabajo, y crear mecanismos que erradiquen el trabajo infantil.
Se pronunciaron por que la LIX Legislatura revise la Reforma de Seguridad Social para revertir la pérdida de derechos y por que el gobierno garantice la calidad, los servicios y prestaciones que se derivan de ésta y la aplicación de un esquema que amplíe y garantice pensiones y jubilaciones dignas para las personas que trabajan.
Asimismo, que las secretarías del Trabajo y de Educación creen mecanismos para compatibilizar los horarios escolares con las jornadas laborales, y adecuar las leyes mexicanas para incorporar los convenios internacionales suscritos por México, así como ratificar el Convenio 156 de la OIT, sobre las responsabilidades familiares.
Finalmente, entre otros puntos, exigieron también que se esclarezcan, erradiquen y se haga justicia en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, como en otras ciudades de la república, y se pronunciaron a favor de una ley indígena que incorpore íntegramente los Acuerdos de San Andrés.
Las organizaciones convocantes fueron UNT, STUNAM, ATM, CACEH, Colectivo Atabal, Central Campesina Cardenista (CCC), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBS), Grupo de Educación con Mujeres (GEM), Mujeres en Sororidad Sindical (MSS) y Red de Artesanas Urbanas.
Asimismo la UNT, el STRM, la Red de Trabajadoras de la Educación, Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), Sindicato Independencia de Aviación, Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Servicio Desarrollo y Paz, AC (SEDEPAC), Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF).
2003/RGR/MEL
