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Se debe avanzar hacia política social con visión de género

Por Guadalupe Cruz Jaimes
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Para abatir la pobreza México requiere una política social con enfoque de género que rebase los programas de transferencia económica, como Oportunidades, y fomente el desarrollo económico de las familias.
 
Para que esta política sea efectiva se requiere una reforma fiscal progresiva (que cobre más a quienes más tienen), la regulación de los mercados para evitar prácticas monopólicas, y la universalización de las prestaciones de salud ante los altos niveles de informalidad, señaló Isidro Soloaga, investigador de la Universidad Iberoamericana (UIA).
 
En entrevista, el experto en desarrollo económico criticó que el programa Oportunidades se quedó corto para mejorar la situación de las familias más desfavorecidas del país, y reforzó el rol tradicional de las mujeres en el hogar.
 
En México los hogares con jefatura femenina, los cuales representan cerca de una cuarta parte de las familias, enfrentan mayores condiciones de pobreza que los encabezados por hombres.
 
La desventaja económica está ligada a varios factores: el primero de ellos es que el tiempo que destinan las mujeres al cuidado del hogar y personas dependientes determina el tipo de empleo al que pueden acceder, mencionó el economista. 
 
Muestra de ello es que mientras entre el 20 y 40 por ciento de las mujeres “entran y salen del mercado laboral”, sólo 9 por ciento de los hombres atraviesa por esa circunstancia.
 
A ello se suma que cuando consiguen un empleo a pesar de tener igual nivel de escolaridad y experiencia que los hombres, las mexicanas perciben alrededor de 20 por ciento menos. Esta brecha se ha mantenido durante los últimos 15 años.
 
Los empleos en los que “en mayor medida” se ocupan las mujeres son informales, es decir, carecen de estabilidad laboral y prestaciones básicas como seguridad social.
 
En México el 50 por ciento de la mano de obra se ocupa en la informalidad; este tipo de ocupación “se vino generando en las últimas cinco décadas” por el débil crecimiento de la economía nacional, apuntó el docente de UIA.
 
Durante este sexenio, empeoró la situación de las 52 millones de personas que viven en pobreza, circunstancia que afecta a 46.3 por ciento de las mujeres y 46.1 por ciento de los hombres, debido al aumento del precio de los alimentos.
 
Soloaga detalló que los hogares en situación de pobreza no tienen forma de compensar el alza de la canasta básica, que se ubica hasta 50 por ciento arriba de sus salarios.
 
Al inicio de la gestión calderonista se otorgó un apoyo de 120 pesos (a través del programa Oportunidades) para compensar el incremento del precio de los alimentos. El monto se mantuvo aun cuando “la canasta básica siguió subiendo”. 
 
Soloaga explicó que los 120 pesos sirvieron para compensar el aumento del costo de los alimentos entre mediados de 2007 y marzo de 2008, pero debió actualizarse ya que para compensar el alza de los productos de consumo básico, las familias pobres deberían recibir cerca de 200 pesos.
 
Ese incremento afectó más a los hogares pobres, pues destinan más de la mitad de su gasto a la compra de alimentos.
 
Al crítico escenario se sumó el desempleo derivado de la crisis económica de 2008. Y como resultado, de ese año a 2010 el número de personas pobres aumentó de 48.8 millones a 52 millones.
 
Isidro Soloaga refirió que para abatir la pobreza, la siguiente administración deberá crear una política social con enfoque de género, que lejos de ser asistencialista fomente la participación de las familias en el desarrollo económico.
 
Puso como ejemplo que si en la familia la mujer no tiene trabajo, el Estado puede capacitarla y facilitar su inserción en un empleo estable que le garantice seguridad social y un salario remunerador, en vez de darle una transferencia económica, como ocurre en México mediante Oportunidades.
 
Además, el economista indicó que se requieren reformas de fondo para disminuir la pobreza, entre las cuales está la universalización de las prestaciones de salud, para que sin importar la calidad del empleo las personas tengan acceso a estos servicios.
 
También es necesaria una reforma fiscal que aumente los impuestos a las personas que más tienen, ya que México es uno de los países de América Latina que menos recauda en ese grupo.
 
Actualmente esa recaudación es de 12 o13 por ciento, mientras que en otros países como Brasil es de 33 por ciento.
 
El escaso cobro de impuestos a quienes más se benefician de la riqueza, debilita al Estado para impulsar políticas públicas.
 
Actualmente, Oportunidades recibe 0.25 por ciento del Producto Interno Bruto, pero para impactar en la disminución de la pobreza y generar una política social de combate a la desigualdad se requeriría un recurso 3 o 4 veces más alto.
 
Al mismo tiempo es preciso que México regule la concentración de mercados como el maíz, pues ello ocasiona que “se venda menor cantidad a un precio más alto”.
 
El especialista indicó que con los monopolios “las familias pobres son las que más están siendo castigadas”, ya que por cada peso que una persona de altos ingresos gasta en un producto, una persona pobre gasta 20 por ciento más.
 
Y es que la mayor cantidad de su gasto se destina a productos que tienen pocos productores, como el maíz, indicó.
 
Soloaga concluyó que la administración entrante deberá culminar con la tendencia en el país, el cual “tiene una escasa capacidad recaudatoria por cuestiones históricas y una escasa capacidad regulatoria por vocación de no regular los mercados”.
 
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