Hasta ahora han sido insuficientes los esfuerzos de las autoridades del país para que las adolescentes elijan cuándo ser madres y el número de hijas e hijos que desean tener, muestra de ello es que son el grupo de edad con la menor reducción en la tasa de fecundidad, señaló Javier Domínguez, oficial del Programa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), México.
El especialista indicó a Cimacnoticias que este hecho está asociado con que sólo una de cada 10 mujeres de 15 a 19 años de edad utiliza algún método anticonceptivo cuando inicia su vida sexual, debido a que no tienen oportunidad de acceder a ellos.
Hace dos décadas, 81.4 por cada 100 mil adolescentes tenía al menos un hijo, en 2008 esta tasa disminuyó a 69.5 por el mismo número de mujeres de 15 a 19 años de edad.
Domínguez señaló que un número importante de embarazos en adolescentes no era deseado, ni planeado, pero la medición no es confiable debido a que las mujeres son entrevistadas cuando están en los servicios de salud y decidieron continuar con el embarazo.
Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, el experto refirió que 90 por ciento de las adolescentes mexicanas no utiliza ningún método anticonceptivo, «no porque busquen un embarazo sino porque no tienen acceso a esos métodos».
Ese dato contrasta con el nivel de conocimiento de dichos métodos, que entre la población adolescente es de 97 por ciento.
La cobertura de métodos anticonceptivos en esta población es un reto para el país, cuyos esfuerzos en la materia «hasta ahora son insuficientes» para garantizar a las jóvenes el ejercicio de sus derechos reproductivos establecidos en la legislación.
Las adolescentes son consideradas la población más desprotegida en el ejercicio a estos derechos. Ejemplo de ello es que mientras el 12 por ciento de las mujeres en edad reproductiva que no querían embarazarse no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos, la proporción de adolescentes embarazadas es tres veces más alta.
La situación se recrudece para las adolescentes que residen en zonas rurales o comunidades indígenas, donde el desconocimiento y desabasto de anticonceptivos es «todavía mayor», debido a que tienen menor instrucción escolar y deficientes o nulos servicios de salud.
Ante esta realidad, que imposibilita a las adolescentes a ejercer el derecho constitucional a elegir cuándo y cuántos hijos quieres tener, «México tiene retos muy importantes, como la creación de esquemas que incluyan mecanismos de acceso a métodos anticonceptivos más adecuados para las mujeres más pobres, con menor nivel de educación, y residencia en áreas indígenas rurales».
De igual modo debe generar programas de educación de la sexualidad a edades más tempranas, que doten a las y los adolescentes de «conocimientos, habilidades y destrezas, que les permitan ejercer sus derechos».
La atención de esta problemática es una «asignatura pendiente» del país y para solucionarla el Estado «debe seguir invirtiendo recursos, buscando estrategias que permitan llegar a las poblaciones más desprotegidas, así como facilitar acceso a servicios para que ejerzan decisiones reproductivas, pues conocen sobre los métodos pero no tienen a donde acceder para recibirlos».
11/GCJ/RMB
